La Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León ha reforzado y modernizado las ayudas destinadas al autoempleo y la contratación laboral, con una inversión global de más de 17 millones de euros para este ejercicio 2025. Las convocatorias, que se publicarán en las próximas semanas, incluyen importantes novedades orientadas a adaptar estas líneas a la nueva realidad social y laboral.

Con la financiación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), estas ayudas incorporan nuevos incentivos, amplían los colectivos beneficiarios y aumentan las cuantías económicas, con el objetivo de dinamizar el empleo, reducir el paro y fomentar el desarrollo en zonas rurales y con dificultades económicas.

AYUDAS MÁS AMPLIAS

Las nuevas bases reguladoras elevan, por ejemplo, la ayuda mínima al autoempleo juvenil de 8.000 a 12.000 euros, con posibles incrementos hasta 18.000 euros según condiciones personales o territoriales. Las mujeres emprendedoras recibirán una ayuda base de 8.000 euros, ampliable hasta 9.500 euros, y el resto de personas beneficiarias entre 6.000 y 7.500 euros.

También suben las subvenciones para contratos formativos (de 3.500 a 4.000 euros) y para contrataciones en entidades sin ánimo de lucro, que pasarán de 9.000 a 10.000 euros por contrato.

Entre las novedades se incluyen incentivos específicos para fomentar el teletrabajo, especialmente si el trabajador reside en municipios de menos de 1.000 habitantes, y medidas de apoyo al relevo generacional, permitiendo la convivencia temporal de empleados salientes y nuevos contratados.

ENFOQUE RURAL, FAMILIAR Y DIGITAL

Las nuevas ayudas priorizan también a personas con responsabilidades familiares -aunque no convivan con sus dependientes- y a quienes trabajen en municipios de menos de 5.000 habitantes o en zonas incluidas en Programas Territoriales de Fomento. También se considera prioritario a quienes perciben el Ingreso Mínimo Vital o proceden de un ERE.

Se amplían los conceptos subvencionables en autoempleo, incluyendo gastos en software, comercio electrónico y propiedad industrial, y se modifica el criterio para que más empresas -especialmente pymes con menos de 250 trabajadores por provincia- puedan acceder a estas ayudas.

Con esta reforma, la Junta busca ampliar el número de beneficiarios, reforzar la estabilidad laboral y apostar por un crecimiento económico más inclusivo, digital y territorialmente equilibrado.