Las comunidades gobernadas por el PP, incluida Castilla y León, no acudirán este jueves a la Conferencia Sectorial sobre la reubicación de unos 3.000 menores migrantes no acompañados por considerar que el Gobierno pretende imponer un reparto "forzoso" e "ilegal" que vulnera el principio de igualdad territorial, publica EFE. 

La reunión está convocada a primera hora de este jueves bajo la presidencia de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y se preveía bronca, toda vez que algunas autonomías del PP habían mostrado una fuerte oposición a la propuesta del Gobierno y han recurrido al Tribunal Constitucional el decreto en el que se aprobó.

La idea del Gobierno, que ya trasladó a las comunidades de cara a una reunión preparatoria, es reubicar a unos 3.000 menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla a otros territorios, la mayoría a Andalucía, la Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana.

La distancia es tal que se llega a la Conferencia Sectorial sin un orden del día aprobado, tras haber sido rechazado por mayoría en la Conferencia Sectorial previa, lo que para los populares convierte en "ilegal" la convocatoria de este jueves.

"Tengo que decir que no soy optimista", aventuró este miércoles el ministro de Política Territorial y responsable de la Comisión Interministerial de Inmigración, Ángel Víctor Torres.

Además de los gobierno del PP, se ha manifestado también en contra el de Castilla-La Mancha, que ha advertido de que la cifra planteada es "inasumible" con la financiación con la que va a acompañada.

La cifra total de traslados desde el archipiélago con la que trabaja el Gobierno es de 3.975, a los que previsiblemente habrá que restar alrededor de un millar de Canarias que finalmente serán acogidos por la red estatal de protección internacional por ser solicitantes de asilo, de acuerdo a la orden emitida por el Tribunal Supremo el pasado mes de marzo.

De acuerdo a estos datos, que aún no tienen en cuenta este extremo, las comunidades autónomas que más jóvenes acogerían serían Andalucía, a 677 jóvenes; Madrid, a 647 y la Comunidad Valenciana, a 571, mientras que Cataluña y País Vasco no tendrían que acoger a ninguno. Aun así, Cataluña ha anunciado su intención de atender, como mínimo, a 31.

"Son personas a proteger, no paquetes a repartir", han denunciado desde el PP, que acusa al Gobierno de utilizar a los menores como escudo político con un reparto diseñado para enfrentar a las comunidades entre sí al aplicar criterios arbitrarios, sin consenso y con el único objetivo de excluir del reparto a Cataluña y País Vasco, sus socios parlamentarios en el Congreso.

La previsión del Gobierno que se debatirá este jueves también incluye el reparto del fondo de 100 millones de euros que contemplaba el real decreto ley aprobado el pasado 18 de marzo para reformar el artículo 35 de la ley de extranjería y crear este mecanismo de derivación.

Según estos datos, Canarias sería la que más recursos recibiría, 24.268.200 euros, y después iría Madrid, con 15.803.550 euros, y Andalucía, con 8.834.850.

Los populares creen que hay un "riesgo real de colapso" de los sistemas de protección de menores que, aseguran, ya funcionan al límite de su capacidad, y exigen al Gobierno que se haga cargo "de manera directa y con financiación propia" de la atención a los menores no acompañados en situaciones de emergencia como la que atraviesan Canarias o Ceuta o puedan sufrir otros territorios.

El enfrentamiento alcanza también a los menores solicitantes de asilo, para los que el Gobierno ha anunciado 1.200 plazas de titularidad estatal después de que el Supremo le haya obligado a hacerse cargo de ellos. 

Los argumentos de Castilla y León 

Castilla y León renuncia a asistir a la reunión como respuesta a las "permanentes imposiciones" y falta de diálogo y "consenso" por parte del Ministerio de Juventud e Infancia en el proceso de reparto de menores no acompañados entre las comunidades autónomas, según informan fuentes de la Junta y publica Ical. 

En concreto, el Ejecutivo explica que se opone al intento "de imposición" del Gobierno que ha convocado una Conferencia Sectorial con un orden del día que considera "ilegal", ya que fue rechazado por una mayoría en la comisión sectorial previa, como recordó exigen las normas que rigen su funcionamiento.

"Nos negamos a convertir a los menores en objetos de intercambio político. Son personas a las que hay que proteger y deben ser atendidos con dignidad, no utilizados como coartada para resolver las urgencias parlamentarias", señalaron desde la Junta, con reproches al Gobierno que en lugar de actuar con responsabilidad, utiliza a los menores como "escudo político". "Nuestro compromiso es con el interés del menor, no con el interés de Pedro Sánchez. Ante la falta de política migratoria, nos negamos a asumir las consecuencias del fracaso del Gobierno", apostillaron.