El número de conductores que circulan sin seguro obligatorio en Salamanca continúa en aumento. En 2023 se registraron 1.097 sanciones por este motivo, lo que sitúa a la provincia como la quinta con más infracciones de este tipo en Castilla y León, por detrás de León, Valladolid, Burgos y Segovia.

La cifra equivale a una media de tres multas al día por circular sin póliza, un comportamiento ilegal que además de ser sancionado con severas multas, supone un riesgo creciente en las carreteras.

A nivel autonómico, Castilla y León contabilizó 11.217 multas en 2023 por circular sin seguro, un incremento del 35,3 % desde 2015, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). En paralelo, también se ha producido un repunte de los accidentes provocados por estos vehículos no asegurados: el Consorcio de Compensación de Seguros registró 209 siniestros en la comunidad durante 2023, un 33,1 % más que el año anterior.

En el caso concreto de Salamanca, los accidentes vinculados a vehículos sin seguro ascendieron a 32 durante el pasado año, situando a la provincia como la tercera con más siniestros de este tipo en la comunidad, por detrás de Valladolid (51) y León (43), según se puede rescatar de un informe regional que publica Ical. 

Aunque el Consorcio de Compensación se encarga de indemnizar a las víctimas de accidentes causados por vehículos sin asegurar, el coste acaba siendo asumido indirectamente por todos los conductores que sí pagan su póliza. Esto se debe a que las aseguradoras destinan el 2 % del total de las primas de los seguros de vehículos a un fondo que gestiona este organismo público, dependiente del Ministerio de Economía.

Además, el Consorcio puede reclamar judicialmente al conductor y al propietario del coche sin asegurar para recuperar las cantidades pagadas a terceros.

CONSECUENCIAS

Ser sorprendido sin seguro conlleva consecuencias inmediatas y severas. Las sanciones económicas oscilan entre los 601 y los 3.005 euros, según el uso del vehículo, el tiempo sin asegurar o la reincidencia. Además, el vehículo puede ser inmovilizado y trasladado a un depósito, donde permanecerá entre uno y tres meses. Para recuperarlo, el propietario deberá presentar el justificante del seguro y hacerse cargo de los gastos de inmovilización, que si no se abonan pueden suponer la requisición del vehículo por hasta un año y la prohibición de conducir en España durante ese periodo.