La decisión de Renfe de suprimir paradas en la línea de Alta Velocidad que une Madrid con Vigo ha vuelto a poner sobre la mesa una realidad que esta tierra conoce demasiado bien: Castilla y León siempre es la que paga el precio. La reestructuración de los servicios, que entrará en vigor el próximo 9 de junio, deja fuera a estaciones clave como Medina del Campo, Sanabria (Otero de Sanabria), Segovia o Zamora en determinadas frecuencias. Y lo hace para ganar tiempo. Para que Vigo esté más cerca de Madrid. Para que Galicia llegue antes. ¿Y Castilla y León? Que espere.

Esta medida no es inocua. Afecta, y mucho, a las zonas rurales y a las comarcas más despobladas. En el caso de Sanabria, por ejemplo, se ha generado una ola de indignación social. La estación de Alta Velocidad de Otero, inaugurada en 2021 con una inversión pública de más de 5 millones de euros, ve ahora cómo pierde la mayor parte de sus paradas. Solo 6 de los 22 trenes que pasan a diario entre Galicia y Madrid se detendrán allí. Una infraestructura pensada para fijar población, generar oportunidades y conectar el mundo rural queda ahora relegada a la mínima expresión.

No es de extrañar que surjan plataformas ciudadanas como "Jodidos por el Tren", un colectivo que, con un nombre que resume perfectamente el sentir de muchos, denuncia que cientos de vecinos de la comarca quedan aislados. Trabajadores que ya no podrán desplazarse, estudiantes a los que se les complica la vida y pacientes que pierden conexiones esenciales con los hospitales de referencia. Esto no es una simple reorganización: es un retroceso.

Renfe defiende que la medida responde a criterios técnicos, que busca ganar eficiencia y que el 97% de los usuarios se verá beneficiado. También asegura que la Comunidad está bien atendida. Pero la realidad que viven los ciudadanos es bien distinta. Castilla y León no puede quedar al margen para que otros lleguen antes.

No ayuda tampoco la sensación de opacidad con la que se ha tomado esta decisión. La petición del alcalde de Vigo, Abel Caballero, para reducir tiempos de viaje fue clara, pública y contundente. Y poco después, Renfe reestructura las frecuencias y las paradas. El presidente de la operadora lo niega, pero el calendario habla solo. Es difícil no pensar que Castilla y León ha sido la moneda de cambio para un nuevo logro político gallego.

El malestar ha llegado también al plano político. El PP de Castilla y León ha acusado al Gobierno de España de "maltrato ferroviario" a la Comunidad. Mientras tanto, el PSOE castellano y leonés, con Carlos Martínez al frente, ha quedado en una posición incómoda, sin apenas argumentos para justificar una decisión que afecta negativamente a miles de votantes en la región. Una vez más, el peso político de Castilla y León en Madrid parece diluirse cuando más falta hace.

La planificación ferroviaria debe atender a criterios de equidad territorial, de cohesión y de justicia. Castilla y León es un territorio extenso, disperso y con muchas necesidades de conexión. No se puede seguir diseñando las líneas de Alta Velocidad pensando solo en acortar minutos en trayectos hacia la periferia sin tener en cuenta lo que hay en medio. 

Este no es un ataque contra Galicia ni contra Vigo. Es una defensa firme de Castilla y León. Esta tierra no puede ser siempre la que cede. La que pierde conexiones. La que ve cómo se esfuman oportunidades. Castilla y León necesita trenes que paren, no que pasen de largo.

Es hora de alzar la voz. Cada parada que se elimina es una rendija más por la que se cuela el abandono. Porque cada minuto que otros ganan es un derecho que aquí se pierde. Y porque si no lo decimos claro, seguiremos viendo pasar los trenes sin que nadie se baje.