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"Basta de agresiones": UGT Salamanca exige "protección real" para el personal sanitario
El sindicato denuncia la pasividad de la Junta y exige medidas urgentes para frenar la violencia en los centros de salud
UGT Servicios Públicos Salamanca ha exigido a la Consejería de Sanidad de Castilla y León la puesta en marcha de medidas inmediatas y efectivas para frenar las agresiones verbales y amenazas físicas que sufren los profesionales sanitarios en distintos centros de salud de Salamanca.
Ante la creciente violencia, el sindicato ha interpuesto una denuncia formal en la que detalla los ataques registrados y denuncia que las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno autonómico son superficiales y temporales, sin solucionar el problema de raíz.
Desde UGT Servicios Públicos Salamanca se advierte que esta dejación de funciones por parte de la Administración constituye una grave negligencia, ya que no garantiza la seguridad de los sanitarios, lo que supone una vulneración de sus derechos laborales.
El sindicato ha alertado sobre el preocupante aumento de agresiones y coacciones en centros como el de Casto Prieto, exigiendo medidas urgentes que aseguren un entorno de trabajo seguro para el personal sanitario. Entre sus principales demandas, destaca la necesidad de contar con personal de seguridad permanente en los centros de salud.
Asimismo, UGT reclama campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía para fomentar el respeto y el trato adecuado hacia los profesionales de la sanidad, además de revisiones periódicas de las condiciones laborales para garantizar su protección.
"La Administración debe asumir su responsabilidad y cumplir con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, asegurando la seguridad del personal sanitario en su puesto de trabajo", subraya el sindicato.
Para UGT Servicios Públicos Salamanca, es "absolutamente inaceptable" que los sanitarios continúen siendo víctimas de violencia mientras desempeñan su labor. Por ello, insta a la Administración a actuar con contundencia, aplicando medidas que permitan considerar estas agresiones como un atentado contra la salud pública, garantizando así la seguridad de los trabajadores y la correcta prestación de los servicios médicos.
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