La Dirección General de Tráfico (DGT) investiga la vandalización de siete radares en carreteras convencionales de Madrid (2), Castilla-La Mancha (2), Castilla y León (2) y la Comunidad Valenciana (1), valorados en unos 67.00 euros cada uno de los fijos y en 60.000 los de tramo.

Tráfico ha denunciado en las correspondientes unidades de la Guardia Civil estos hechos para que se localice a los autores de la vandalización y emprender así acciones legales contra ellos, publica EFE. 

La vandalización de radares es constitutiva de un delito de daños tipificado en el Código Penal en sus artículos 263 a 267, que refieren una serie de acciones que provocan un menoscabo en el valor patrimonial de la propiedad ajena y cuyo bien jurídico protegido es el patrimonio, según recuerda la DGT en un comunicado.

Concretamente, el artículo 263.2 establece un tipo agravado del delito de daños que prevé pena de prisión de 1 a 3 años y multa de 12 a 24 meses.

"Estos actos vandálicos, además del delito en sí mismo de atentar contra un bien público, afectan también a la seguridad vial que es el fin último que persiguen los puntos de control de velocidad que están ubicados por toda la geografía española", recalca la DGT.

Los autores de los hechos deberán también responder por el coste económico de cada punto de control que, en el caso de los radares fijos asciende a unos 67.000 euros y en el de los de tramo a unos 66.000.

Tanto los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil como los de Seguridad Ciudadana reforzarán la vigilancia en los puntos en los que están instalados los radares para evitar que se produzcan este tipo de actos.

Además, se han colocado cámaras de vigilancia en los mismos directamente conectadas con los Centros de Gestión de la DGT con el fin de detectar posibles sabotajes y permitir la actuación inmediata de las patrullas de la Guardia Civil.

Según los datos especializados en esta materia, se estima que entre el 10 y el 15 % de todos los accidentes de tráfico y el 30 % de los siniestros viales mortales son el resultado directo de una velocidad excesiva o inapropiada.

Así lo asegura el informe temático sobre seguridad vial dedicado a la velocidad publicado por el Observatorio Europeo de Seguridad Vial en 2021 y el informe de Gestión de Velocidad del Centro de Investigación del Transporte (ITF).