La Guardia Civil de Castilla y León, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), ha llevado a cabo una serie de inspecciones en la provincia de Salamanca en el marco de la denominada 'Operación Leocatcyl'. Esta operación, destinada a verificar la correcta gestión de los gases fluorados en los Centros Autorizados de Tratamiento de Vehículos (CATs), ha resultado en la formalización de cinco infracciones en Salamanca y la investigación de tres personas por presuntos delitos contra el medio ambiente.

Los agentes del SEPRONA realizaron un total de 11 inspecciones en diferentes CATs de la provincia, con el objetivo de comprobar si se estaban recuperando adecuadamente los gases contenidos en los circuitos de climatización de los vehículos fuera de uso. Estos gases, considerados residuos peligrosos, deben ser extraídos de manera controlada y entregados a gestores autorizados para evitar su liberación a la atmósfera, dado su alto potencial contaminante y su contribución al efecto invernadero.

Durante las inspecciones, se detectaron diversas irregularidades en el tratamiento de estos residuos, lo que derivó en la tramitación de cinco infracciones administrativas por incumplimientos en materia de contaminación atmosférica y gestión de residuos. Asimismo, tres personas han sido investigadas como presuntas autoras de delitos ambientales por la liberación incontrolada de gases fluorados, lo que podría acarrear consecuencias penales.

La 'Operación Leocatcyl' se inició a raíz de una investigación llevada a cabo por el SEPRONA de la Comandancia de León en 2023, cuando se descubrió que varios desguaces no estaban recuperando debidamente los gases de los sistemas de aire acondicionado de los vehículos, permitiendo su escape al medio ambiente. A nivel regional, esta operación ha supuesto la inspección de 84 CATs en toda Castilla y León, con 23 personas imputadas y 36 infracciones administrativas registradas.

Dado el impacto ambiental de los gases fluorados, el SEPRONA continuará realizando inspecciones en los próximos años para garantizar el cumplimiento de la normativa y prevenir prácticas irregulares en la gestión de estos residuos peligrosos.