Los procuradores del PP por Salamanca han valorado este martes el nuevo pacto social por las familias y las personas vulnerables de Castilla y León. Carmen Sánchez Bellota y José María Sánchez han destacado el compromiso y el trabajo del gobierno de Alfonso Fernández Mañueco para lograr este acuerdo con el que se reforzará la protección de este colectivo cuando atraviesen malos momentos.

Durante su intervención, los parlamentarios autonómicos han destacado la voluntad de diálogo del Gobierno de Castilla y León con el tejido asociativo y la sociedad civil, que ha posibilitado conseguir este avance, así como la importancia del tercer sector, del que han dicho que "es un gran aliado para el desarrollo de la política social".

Con este pacto, según han afirmado, se blinda la protección a las familias vulnerables y de clase media que puedan atravesar momentos de dificultad, cumpliendo, así, el compromiso de Alfonso Fernández Mañueco con las familias castellano y leonesas. "La Junta protege y apoya a todas las familias como se ha demostrado con la aprobación del Plan Familias y, ahora, con este Pacto", han añadido los populares.

En concreto, según han abundado, esta medida contiene 56 medidas relativas a servicios sociales, vivienda, educación y Eempleo y consolida logros del ejecutivo autonómico como la educación gratuita de 0 a 3 años, la mejora en las ayudas de emergencia o los bonos de urgencia social. También se establecen nuevas medidas de avance, entre las que destaca el acuerdo para trabajar en un nuevo modelo de renta garantizada de ciudadanía que incentive a las personas que reciben otras ayudas a buscar de forma activa un trabajo o escolarizar a sus hijos. A ello se le sumará, según han defendido Carmen Sánchez Bellota y José María Sánchez, la vinculación de las convocatorias de ayudas de la Junta para personas o familias vulnerables que participen en el programa de apoyos y la búsqueda activa de empleo y a que garanticen la escolarización de sus hijos.

Asimismo, según han defendido los populares, el pacto recoge la petición al Gobierno para que se trasfiera a Castilla y León la gestión del IMV; el avance en la Historia Social Única para conseguir una mayor coordinación, distribución y seguimiento de las ayudas; un servicio de apoyo a la integración sociolaboral de jóvenes; se garantizarán las ayudas al alquiler para este colectivo y se mejorará con un criterio de progresividad; se apostará por la educación asegurando a las familias vulnerables la gratuidad de los libros de texto, el comedor o madrugadores; se impulsará el refuerzo educativo y la reducción del absentismo escolar; y se aumentarán los itinerarios de inserción.

"Durante los peores momentos, la Junta de Castilla y León ha estado al lado de las familias, siempre las ha apoyado, protegido y favorecido", han recalcado los procuradores salmantinos. Así, en el ámbito de la conciliación y los servicios sociales han destacado la aprobación del Plan Familias, el refuerzo en las ayudas para la atención de necesidades básicas en situaciones de emergencia social, la creación de una nueva línea de ayudas a la hipoteca para familias con rentas medias y bajas, la creación de los bonos de urgencia social y la financiación de los convenios de colaboración para evitar el corte de suministro energético y su restablecimiento. 

En el ámbito de la conciliación, los parlamentarios autonómicos han destacado la aprobación del Bono Concilia, los bonos nacimiento y el programa Conciliamos. A ello se le suma, en el área de educación, la implantación de la gratuidad de la educación de 0 a 3 años; en el área de vivienda las subvenciones al alquiler; y en el área de empleo los itinerarios.

Nuevo decreto de la JCyL para las familias numerosas

Durante su intervención, los procuradores por Salamanca han señalado que el PP "sigue apostando y trabajando por las familias". Así, han recordado que el pasado jueves se ha aprobado un nuevo decreto de apoyo a las familias numerosas de CyL que simplifica y facilita su acceso a las ayudas y subvenciones.

Algunas de ellas son: ventajas fiscales en los impuestos gestionados por la comunidad (deducción en el tramo autonómico del IRPF y tipos reducidos en el impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas y en el impuesto de actos jurídicos documentados para la adquisición de la vivienda habitual), será un criterio a valorar en el proceso de admisión en los centros educativos públicos o el acceso preferente a las residencias juveniles de la Junta, entre otras medidas.