El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 22 millones de euros (IVA incluido) un contrato de servicios para la conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia de Salamanca. La duración del contrato es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses.

Este contrato, destinado al mantenimiento y conservación de 315,156 km de carreteras del sector nº3 (incluidos 164,440 km de autovía), abarca varios tramos de las carreteras A-66 y sus vías de servicio, A-50, A-62, N-630, N-630A, N-501, N-501A y N-620. Junto a estas, serán objeto del contrato la ejecución de las obras de rehabilitación superficial del firme de la vía de servicio de la A-66, entre el km 393,130 y 397,770, en el tramo entre el Enlace Guijuelo Sur y Enlace Nava de Béjar Norte; y la conversión de dos intersecciones en glorietas cerradas, en la carretera N-630, en el km 371,450 (Fresno Alhándiga) y en el km 409,050 (Vallejera de Riofrío).

Dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación (COEX) de la Red de Carreteras del Estado incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.

Asimismo, estas se comprometerán a presentar un plan de descarbonización en los seis primeros meses de contrato con medidas reductoras y de compensación de emisiones para conseguir un balance neutro en carbono a los 5 años desde el inicio del contrato. La compensación se podrá realizar a través de los proyectos de absorción registrados en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, o mediante otras opciones. Este plan también se incluirá dentro de los criterios de valoración.

Con ello, se persigue la reducción de 71.640 toneladas de CO2 anuales que, según los cálculos realizados por la Dirección General de Carreteras, genera el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado y se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).