El procurador del Grupo Mixto y exvicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha propuesto este viernes que sea el vicepresidente del Gobierno autonómico, Juan García-Gallardo (Vox), quien abone la multa impuesta por el juzgado de instrucción número dos de Salamanca a los ocho ganaderos por los disturbios ocurridos en 2023 ante la Delegación Territorial de la Junta en Salamanca.

"Advertimos de la irresponsabilidad del vicepresidente al alentar a los ganaderos", ha puntualizado Igea a través de un comunicado, enviado a raíz de que el Juzgado notificase el pasado miércoles que impone una pena de 10 meses de cárcel e indemnizaciones a los manifestantes condenados.

"No se debe prometer lo que no se puede", ha resumido Igea sobre el conflicto generado a raíz de ofrecer la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural una relajación de las normas de saneamiento ganadero en esta Comunidad, lo que fue contestado por el Gobierno central y los técnicos veterinarios de la propia Junta de Castilla y León.

"Gallardo debería, al menos, hacerse responsable de su osadía y poner el dinero de su bolsillo", ha resumido Igea.

Tres meses de la pena de prisión son por desórdenes públicos, otros tres son por delito de atentado y los cuatro restantes por delito de daños en bienes públicos.

Se les ha concedido, no obstante, "la ejecución de las penas privativas de libertad impuestas a cada uno de los condenados" por el plazo de dos años, con la condición de no delinquir durante ese tiempo.

Sí tendrán que abonar a la Junta de Castilla y León, entre los ocho, un total de 13.250,56 euros por desperfectos y limpieza en el edificio de la Delegación Territorial en Salamanca, así como indemnizaciones de entre 100 y 2.300 euros a 10 policías por las lesiones sufridas.