La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal que se dedicaba a la explotación laboral de mujeres latinoamericanas sin permiso de residencia y en situación precaria a las que captaban a través de una empresa dedicada al cuidado de personas mayores a domicilio y al servicio doméstico.

La operación, desarrollada a lo largo de nueve meses por la Guardia Civil de Asturias y Salamanca con el apoyo de agentes de Cantabria y Valladolid, ha permitido detener al gerente de la empresa y supuesto cabecilla, así como a su pareja sentimental, ha informado este martes la Comandancia del Principado y publica EFE. 

El instituto armado también mantiene como investigadas a otras cuatro personas, responsables de sucursales de la empresa en Salamanca, Valladolid, Gijón y Cantabria.

A todos los detenidos e investigados se les imputan los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, contra los derechos de los trabajadores extranjeros, falsedad documental y contra la Hacienda Pública y Seguridad Social, así como pertenencia a grupo criminal.

Según los investigadores, prosigue EFE, los integrantes del grupo criminal buscaban un perfil de mujeres que ellos denominaban "buenas trabajadoras", de carácter dócil y calladas, todas de origen latinoamericano, en situación irregular en España, sin permiso de trabajo y situación muy precaria en su país de origen, por lo que aceptaban condiciones laborales muy duras.

El cabecilla ordenaba a sus colaboradores en las distintas sedes que no aceptaran mujeres que no mantuvieran la mirada en la entrevista o que fueran esquivas en sus respuestas. A la hora de formalizar los contratos, la identidad de la empleada no se correspondía con la que llevaba a cabo los cometidos contratados sino que pertenecía a otras trabajadoras que sí se encontraban en situación regularizada.

De esta forma, la trabajadora carecía de contrato efectivo, no era dada de alta en la Seguridad Social y se le imponían unas condiciones laborales que vulneraban toda normativa reguladora.

Además, las víctimas eran llevadas a localidades pequeñas, alejadas de centros urbanos, para dificultar que pudieran relacionarse con otras o personas.

Los integrantes del grupo también aleccionaban a las mujeres captadas y les advertían de cómo se debían comportar en el caso de que fueran identificadas en controles policiales, relata EFE. 

Tampoco les permitían ir a centros médicos y hospitalarios si no iban acompañadas por miembros de la empresa e incluso les obligaban a identificarse con otras identidades correspondientes a personas que sí se encontraban de alta en la Seguridad Social.

La empresa desde la que captaban a las mujeres tenía "una estrategia muy agresiva de expansión" y tenía previsto abrir nuevas sedes en otras provincias.

En la operación, denominada 'Zimersa', han colaborado con la Guardia Civil la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de cada una de las provincias en las que la empresa tenía sedes.