UGT Servicios Públicos de Salamanca denunció hoy que la próxima privatización de la residencia municipal de ancianos de Villarino de los Aires, gestionada por una empresa privada, pondrá "en riesgo" una treintena de puestos de trabajo.

El Ayuntamiento de Villarino aprobó en el pleno del pasado día 28 de diciembre la modificación de la forma de gestión de servicio público local, como la residencia de ancianos, que "pasará a ser privada". De manera concreta, y según lo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca (BOP), la forma de gestión que se prevé para esta residencia es la de "gestión indirecta mediante contrato de concesión de gestión de servicios públicos".

El motivo argumentado por el equipo de Gobierno de Villarino de los Aires, presidido por su alcalde, Julián Martín, también lo recoge el BOP y se refiere a "problemas económicos, sociales y laborales", según manifestó UGT Servicios Públicos en un comunicado remitido a Ical, en el que advierten de que este cambio de gestión es "una privatización pura y dura", que desde el Ayuntamiento "se ha ido preparando en los últimos meses" y que pone en riesgo "el empleo de una treintena de profesionales", así como "el perjuicio que ocasionará para la economía del municipio".

Además, este sindicato también denunció el "importante" incremento de las tarifas a los residentes, subida firmada "con alevosía" y en beneficio de la futura empresa que gestione la residencia. Este aumento está entre los 200 y 400 euros por residente y mes, según las cifras ofrecidas por UGT Servicios Públicos.

"Desde el Ayuntamiento de Villarino se ha negado a las delegadas y delegados de UGT Servicios Públicos ejercer su función y se les ha negado toda interlocución, en un claro ejercicio de falta de transparencia y democracia", manifestó el sindicato. En la actualidad, la residencia de ancianos de Villarino está gestionada por un organismo autónomo municipal y con "argumentos falaces" como los problemas económicos, de organización interna y de personal, se decidió privatizar.

La plantilla de esta residencia, compuesta por una treintena de profesionales socio-sanitarios, estaba pendiente de un proceso de estabilización que obligaba, antes de que finalizara 2024, al Ayuntamiento a hacer fijos a todos los trabajadores. "Sin embargo, mientras la plantilla esperaba esta medida, el Ayuntamiento inicia el proceso de privatización, que no solo pone en peligro el mantenimiento de una treintena de puestos de trabajo, sino el respaldo a la economía local del municipio", concluyó el sindicato.