El Ayuntamiento de Salamanca tratará en la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior de la próxima semana la interposición ante el Tribunal Supremo de un recurso Contencioso-Administrativo contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de noviembre de 2023.

El motivo es que dicha reunión desestimó la petición de indeminización presentada por el Ayuntamiento a causa de los perjuicios causados por la desaparición del impuesto de plusvalía, una vez que el Tribunal Constitucional decretó la inconstitucionalidad del mismo.

La anulación de dicho impuesto causó un 'agujero' de casi 8,1 millones de euros al Consistorio de Salamanca, de ahí la reclamación al Estado.

El Tribunal Constitucional, en diferentes sentencias de 2017, 2019 y 2021 declaró contraria a la Constitución la regulación del impuesto contenida en el la Ley de Haciendas Locales.

Hay que citar especialmente el fallo de 26 de octubre de 2021, que conllevó la imposibilidad de liquidar el impuesto. A consecuencia, el Gobierno de España aprobó un Real Decreto el 8 de noviembre para salvar el vacío legal.

Devoluciones

La decisión del Tribunal trajo consecuencias, como la devolución de determinadas cantidades ingresadas en concepto de plusvalia si no existía inremento del valor del terreno transmitido, la anulación de liquidaciones no ingresadas, recurridas o no firmes, la renuncia a liquidar transmisiones anteriores pendentes de declaración...

Por estos motivos, el Ayuntamiento acordó en noviembre de 2022 interponer una reclamación de responsabilidad patrimonial frente al Gobierno de España, como repesentante del Estado Legislador, a consecuencia de los perjuicios ocasionados a la hacienda municipal.

Y llegamos al 14 de noviembre de 2023, cuando el Consejo de Ministros acuerda desestimar la declaración de responsabilidad patrimonial presentada por el Ayuntamiento de Salamanca, un acuerdo que el Consistorio considera contrario a derecho pues, como se explica en el recurso, "no es cierto lo señalado en el Acuerdo del Consejo de Ministros de que no devolverse lo indebidamente ingresado se produciría a favor del Ayuntamiento un enriquecimiento injusto con la percepción de ingresos; sino que es justamente lo contrario, ya que tanto la devolución de ingresos, como los supuestos de no sujeción, como el vacío legal, han producido al Ayuntamiento de Salamanca un daño antijurídico que el Ayuntamiento no tiene la obligación de soportar, daño antijurídico que es imputable exclusivamente al Estado Legislador".

Con el fin de satisfacer el interés público municipal, se procede a interponer un recurso administrativo, debiendo actualizarse en la demanda el importe reclamado a la fecha de presentación de la misma.

Responsabilidad del Estado Legislador

La responsabilidad del Estado Legislador por los daños derivados de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional está recogida en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

Según el Ayuntamiento, en este caso concurren todos los requisitos para la apreciación de responsabilidad por parte del Estado, desde plazos y daño efectivo a imputabilidad del daño al Estado Legislador y relación de causalidad entre la actuación (o no actuación) de éste y el daño provocado.