Los sindicatos UGT y CCOO insistieron este miércoles en que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que declara la falta de competencia de la jurisdicción social para cuestionar los actos administrativos dictados por la Junta en relación con la financiación de la actividad de la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León (Serla), no contiene ninguna mención al fondo de su demanda.

Por tanto, la Sala considera que la naturaleza jurídica del Serla es un asunto para el orden contencioso-administrativo. Esta sentencia, por tanto, "significa que tendremos que esperar por lo menos dos años para obtener una sentencia que establezca si la Junta de Castilla y León actuó de forma ilegal con respecto al Serla". Esta situación de incertidumbre, según los representantes de CCOO y UGT en Castilla y León, "supone un grave perjuicio para los trabajadores y las empresas de nuestra Comunidad".

La demanda de los sindicatos fue presentada contra un acuerdo de la Junta de Castilla y León y contra la Orden de la Consejería Industria, Comercio y Empleo del 13 de abril de 2023, por la que se otorgaron 400.000 euros a la Fundación Serla para su financiación durante ese año. Esta cantidad, según CCOO y UGT, redujo un 60% lo aportado por el Gobierno autonómico el año anterior. La propuesta, además, establecía que a partir de julio quedarían excluidos de la subvención el contrato del director del Serla, así como los gastos de arrendamiento de sedes, y limitaba la intervención del servicio de relaciones laborales a los conflictos colectivos, dejando fuera los individuales entre trabajador y empresa.

Los sindicatos afirmaron que el Serla es un servicio público por lo que la Consejería "no debe decidir ni modificar nada unilateralmente".