"Los criterios sanitarios de calidad de agua de consumo humano se han endurecido debido a un cambio normativo impulsado desde Europa y adaptado a la normativa española. Ahora el umbral de alerta por contaminación es tres veces más exigente que la normativa anterior, y es lo que ha motivado que se declaren estas alertas por contaminación de agua potable por presencia de plaguicidas", ha explicado la portavoz del equipo de gobierno de Diputación, Pilar Sánchez, y en respuesta a la comparecencia del PSOE denunciando que ya son 140 los pueblos sin agua potable por los niveles de plaguicidas y pesticidas permitidos.

"Nos encontramos en un escenario complejo en el que la Diputación de Salamanca ha comenzado a actuar desde el primer momento en el que se detectó el problema", añadiendo que la Diputación "ni ha dejado ni va a dejar solos a los pueblos". "Se han adoptado medidas preventivas, con la distribución de agua potable en municios afectados mediante depósitos móiviles y camiones cisternas", explica Pilar Sánchez.

La portavoz también ha recordado que la Diputación cuenta con el Plan Sequía dotado con dos millones de euros por anualidad que "permite a los pueblos afectados solicitar ayudas económicas para realizar inversiones para garantizar el agua del consumo humano, como la instalación de filtros que eliminen el contaminante y una línea de financiación para las mancomunidades para que puedan resolver estos nuevos problemas a los que nos enfrentamos".

Asimismo, ha subrayado que esta nueva normativa de aguas "ha llegado a cuadriplicar la dotación para el control de calidad de agua de la Diputación, pasando de 330.000 a 1.130.000 euros, pero lo que no se puede hacer es legislar sin recursos, porque la Diputación llega a hasta el máximo que le permiten sus competencias, hay que preguntarse donde está la financiación del Ministerio".

"El PSOE se olvida del mayor actor, el Gobierno y la CHD, no se pueden imponer requisitos legales si no se nos dan las herramientas para aplicarlos. Está muy bien la Agenda Verde pero la cargan sobre las administraciones más pequeñas y es un claro sintoma de abandono al mundo rural", concluye.