La dirección de Ciudadanos estudia sancionar al exportavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, y al procurador en las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea, por sus manifestaciones y críticas lanzadas contra los dirigentes nacionales Patricia Guasp y Adrián Vázquez, a quienes acusaron de apropiarse del partido.

Aunque ambos han negado haber recibido por el momento notificación alguna por parte de la dirección del partido, fuentes de la formación han confirmado a EFE que han analizado las palabras de Bal e Igea como ataques que traspasan todas las líneas, en referencia a afirmaciones como que el partido está "secuestrado" por unos dirigentes que pretenden utilizar sus recursos económicos para hacer su propia campaña de cara a las elecciones europeas del próximo año.

En un encuentro con afiliados y simpatizantes celebrado el pasado domingo en Madrid, Bal acusó a Patricia Guasp y Adrián Vázquez de "anteponer sus proyectos personales al colectivo" y de "quedarse con la cuenta corriente del partido".

Tras denunciar que la dirección se encuentra "bunquerizada y atrincherada", el que fuera portavoz adjunto del grupo parlamentario aseguró que "aún hay tiempo" para cambiar de opinión y "no dejar huérfanos" a los 300.000 votantes de las pasadas elecciones locales y autonómicas.

También mostró su rechazo a la decisión adoptada el pasado 30 de mayo por el Comité Nacional de Cs el procurador en Castilla y León, Francisco Igea, quien reclamó evitar que el partido "pase a la clandestinidad".