El caso Ferrovial ha destapado la inquina del Gobierno de España hacia su tejido empresarial. Alineado con las tesis sindicalistas, poco se puede esperar de un Ejecutivo que critica a los empresarios sin pudor, alojado en un discurso extremista que alude a la 'voracidad recaudatoria' o a las 'limosnas' cuando se trata de donaciones directas para potenciar la investigación o los tratamientos contra el cáncer. En este caso la diana ha estado enfocada hacia Rafael del Pino por la decisión mayoritaria de Ferrovial, que establecerá su sede legal en Países Bajos sin desmontar ni una sola estructura ni destruir un solo puesto de trabajo en España. Antes fueron Juan Roig o Amancio Ortega los señalados.

No hay tregua para un Gobierno que no se pone al teléfono cuando le llama uno de los principales impulsores de la economía española para explicarle al presidente que establecerse en Países Bajos responde a una cuestión simplemente estratégica de una compañía con el 92% de su negocio fuera de España. Si se quiere buscar una lectura política a todo esto, estamos de nuevo en el escenario extremista de los ministros de Podemos que ni compran en Mercadona ni se visten con prendas de Inditex. La última ocurrencia viene de la mano de la vicepresidenta Nadia Calviño, que ha anunciado la creación de un observatorio de márgenes empresariales. Es decir, otro peso más para las empresas que ya están sometidas, por si fuera poco, al estricto control de la Agencia Tributaria, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia o del Mercado de Valores. Desprende este anuncio un aroma intervencionista que solo ha sido respaldado por los sindicatos, en esa alineación permanente hacia todo lo que propone el Gobierno.

La finalidad de las empresas es ganar dinero. Y cuanto más mejor. Eso repercute directamente en el pago de impuestos, generación de riqueza, dinamismo empresarial, asentamiento y creación de puestos de trabajo. Cualquier otra entelequia supone atentar contra la libertad empresarial a costa de la supuesta teoría de mantener la competencia efectiva en los mercados de bienes y servicios y una distribución adecuada de las rentas.

La estrategia del Gobierno en el caso Ferrovial ha sido desastrosa. En ningún momento se ha tendido una mano que pudiera intuir un intento de conversación comprensiva entre el Ejecutivo y una de sus empresas del Ibex35. Amenazas, comentarios extemporáneos, reacciones desmedidas. Así ha respondido el Gobierno español a los principales fondos de inversión del mundo, que forman parte del accionariado de Ferrovial y han respaldado su absorción por la filial holandesa simplemente por motivos económicos, que para eso son inversores.

En España estamos empezando a convertir en habituales los ataques despiadados al mundo de la empresa, ya sea por la vía de la agresión verbal o por acciones intervencionistas como la creación de esta nueva figura para controlar los márgenes en una situación de elevada incertidumbre, según palabras de la ministra Calviño. Es decir, control y más control hacia un sector indispensable que asiste atónito a una continua intromisión en su actividad o, mejor dicho, al rendimiento de esa actividad cuando debería primar la salud de la empresa para garantizar su pervivencia con más beneficios, más dinamismo y más empleo. La marcha de Ferrovial no es una pésima noticia para el Gobierno de España. Es una pésima noticia para la imagen de España.