Las fuerzas de seguridad del Estado tramitaron entre enero y noviembre de 2022 un total de 24 casos de ocupación de inmuebles en Salamanca, según datos aportados por el ministerio del Interior en respuesta a una pregunta parlamentaria sobre este fenómeno.

Se trata, según el mismo documento, de una cifra en consonancia con los datos del año 2021, cuando se notificaron 28 incidencias similares. El informe aún no contempla los casos de diciembre de 2022, por lo que la cifra total del año pasado podría ser incluso superior. Recientemente tan sólo durante 2019, con 23 casos, se alcanzaron cantidades similares.

El texto facilitado por el Gobierno explica que "bajo el término 'ocupación de inmuebles' se están incluyendo diferentes tipos de delitos del Código Penal. Por un lado, se incluye el allanamiento de morada (artículo 202) y, por otro lado, la usurpación de inmuebles (artículo 245), sea con violencia o no, y sean residenciales o no". Sin embargo, el propio ministerio ignora estos matices y no diferencia entre ambos delitos, por lo que no hay forma de saber si los 24 casos registrados en Salamanca durante el año pasado eran allanamientos, usurpaciones o una combinación de ambas infracciones.

La diferencia es muy relevante, ya que la policía actúa "de forma urgente y perentoria en el caso de allanamiento de morada, desalojando las viviendas de inmediato, siempre que se tenga permiso del morador y este haya presentado una denuncia".

Si se trata de usurpaciones de inmuebles residenciales o no, pero que en ningún caso son la morada del propietario, la actuación de las fuerzas de seguridad está sujeta "a una orden judicial de desalojo previa, además de la intención manifiesta del propietario de recuperar su propiedad, salvo que puedan intervenir en el momento en el que se está cometiendo el delito y sea con violencia o intimidación, en cuyo caso las FCSE si pueden desalojar los casos de usurpación en el momento", explica el documento.