Dos días después de que el proyecto Peace City World saltase por los aires la onda expansiva parece lejos de aminorar.

Ayuntamiento y Universidad ya han tomado cartas en el asunto. El Consistorio interpuso ante el juzgado de intrucción una denuncia contra José María Fuentes porque cree que habría podido incurrir en "falsedad documental". El Ayuntamiento le reclamará las cantidades abonadas y le exigirá igualmente "el resarcimiento de los daños y perjuicios causados".

Horas después trascendía que la Universidad también había acudido a la justicia. Según EFE, la Fiscalía de Salamanca ha abierto una investigación "por la falsificación de los datos académicos del asesor del Peace City World". El ministerio fiscal habría incoado diligencias de investigación para determinar si hay motivos para presentar una denuncia ante el Juzgado de Instrucción o, por el contrario, si se archiva el escrito de la institución académica.

La Universidad de Salamanca presentó una denuncia al comprobar que José María Fuentes habría falsificado sus datos académicos de la licenciatura de Economía. Las fuentes judiciales consultadas, continúa EFE, han explicado que en la denuncia se relata que Fuentes presentó al concurso público documentos que "nada tienen que ver con su expediente académico oficial". Desde la Universidad salmantina se constató que presentó un certificado académico, en lugar del título de licenciado en Economía, en el que se habrían adulterado las notas en cada asignatura que se cursan en esta carrera.

Añade EFE que también se modificaron los créditos que había obtenido a lo largo de su carrera, según se detallaba en el documento que presentó José María Fuentes a la Sociedad de Turismo, ya que, según ha constatado la Universidad, "no tenía todos los créditos que él justificaba", según las mismas fuentes jurídicas.

Otro de los motivos alegados en la denuncia presentada por la USAL hace referencia a las firmas que aparecen en el certificado que presentó en la Sociedad de Turismo, al comprobarse que tampoco son reales.

Un pleno extraordinario 

En cuanto a la vertiente política, el alcalde Carlos García Carbayo tildó a Fuentes de "mangante" y "sinvergüenza" y advirtió al concejal de Turismo, Fernando Castaño, de que "ninguna persona que defienda la actuación de ese asesor puede seguir en el Ayuntamiento", instándole a que se desvincule por completo del exasesor. Por su parte la teniente de alcalde y compañera de partido de Castaño, Ana Suárez, defendía la limpieza del proceso de contratación y la actuación de sus correligionarios porque "todos hemos sido engañados". Además, hay que recordar que algunos consistorios del alfoz y la propia Diputación decidieron ayer apearse del proyecto PCW.

Desde las filas de la oposición elevaron el tono de voz. Todos los partidos pidieron una comisión especial de investigación con el objetivo de "esclarecer lo sucedido" con la organización del congreso Peace City World sobre el que, según denunciaron, "ha existido falta de transparencia desde el minuto uno por parte del equipo de Gobierno de García Carbayo, compuesto por el PP y por Ciudadanos", informa Ical

Para ello el PSOE registró la petición de convocatoria de un pleno extraordinario sin retribución y con este único punto en el orden del día. La iniciativa es conjunta con las dos concejalas del Grupo Mixto, Virginia Carrera y Carmen Díez, y el concejal no adscrito, Ricardo Ortiz.

En su argumentación, los ediles de la oposición señalaron "la utilización de recursos públicos con un fin espurio a través de la Sociedad de Turismo, Comercio y Promoción Económica para financiar la celebración del congreso, así como para la contratación de un asesor externo para la atracción de inversiones sobre el que se ha publicado la falsedad, al menos parcialmente, de la documentación presentada en el concurso público de acceso, lo que ha dado lugar a la rescisión del contrato".

Asimismo, recordaron que el Ayuntamiento anunció el fin de la relación contractual con la empresa Peace City World, con la que existía un protocolo firmado por el alcalde. En este punto, aseguraron que "la imagen de Salamanca está viéndose afectada por el escándalo asociado a todas estas cuestiones, un grave deterioro de reputación para la ciudad que obliga a los responsables políticos del Gobierno municipal a aclarar cuantos extremos sean necesarios, poniendo luz y taquígrafos para que no quede ni una sola tacha que manche el buen nombre de la capital salmantina ni nada parecido vuelva a suceder". La "transparencia", concluyeron, "es un deber exigible en la gestión pública, pero aún más cuando existen sombras de dudas y sospecha".

Finalmente, el procurador de Cs en las Cortes, Francisco Igea, reiteró en televisión que "el responsable politico es el alcalde" y que "las declaraciones a veces no son suficentes. Hay que restaurar la imagen de la ciudad".