Dos funcionarios de la Generalitat valenciana, uno que trabajaba como psicólogo y la otra como trabajadora social interina en una oficina de atención a las víctimas del delito, se sentarán en el banquillo el próximo jueves por presuntamente acceder, sin justificación alguna, al sistema integral de violencia de género (Viogén) para consultar datos personales y reservados de dos personas de notoriedad pública: Rocío Carrasco y su expareja Antonio David Flores.

El juicio está previsto para las 11.30 horas del jueves en la Sección Cuarta de Audiencia de Valencia.

Los hechos por los que serán juzgados se produjeron el 22 de marzo de 2021. La Fiscalía acusa a ambos funcionarios de un delito de descubrimiento y revelación de secretos y pide para ellos sendas penas de tres años y medio de prisión, así como una multa de 18 meses a razón de 10 euros diarios y seis años de inhabilitación absoluta.

En su día, la Fiscalía de Valencia denunció a siete funcionarios por presuntamente acceder de manera indebida al expediente de violencia de género de Rocío Carrasco tras el primer capítulo de la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', emitida por Telecinco. 

El ministerio público abrió diligencias de investigación en junio de 2021 tras detectarse el supuesto acceso irregular por parte de varios funcionarios en el sistema Viogén.

Transcurridos unos meses, finalmente formuló denuncia contra siete trabajadores públicos destinados en la Comunitat Valenciana por un posible delito de encubrimiento de secretos del 197.2, por acceso indebido a base de datos.

Los trabajadores públicos pertenecían a diferentes oficinas, por lo que el asunto se judicializó en juzgados de Alzira, Ontinyent, Moncada, Catarroja y Sueca, según confirmaron entonces a Europa Press fuentes del procedimiento. Este jueves se juzgará a dos de ellos.

En el momento en el que Interior tuvo conocimiento de este hecho y, tras comprobar que esas personas no tenían relación con el caso -se puede rastrear la identidad ya que el personal autorizado dispone de un clave al ser información confidencial- bloqueó el acceso.

Por su parte, desde la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública de la Generalitat Valenciana se abrió expediente para actuar administrativamente y, además, se pusieron los hechos en conocimiento de Fiscalía.