La Comisión Europea autorizará este miércoles una inyección de alrededor de 37.000 millones de euros del fondo de rescate (MEDE) a los bancos españoles nacionalizados (Bankia, Catalunya Caixa, Novagalicia Banco y Banco de Valencia) para garantizar su viabilidad, según ha confirmado el ministro de Economía, Luis de Guindos.  

 A cambio, exigirá a las entidades fuertes reducciones de su tamaño (que implicarán cierre de oficinas y despidos) y restricciones en su política comercial para compensar las distorsiones de competencia provocadas por la ayuda. Los bancos tendrán hasta cinco años para realizar las desinversiones exigidas, según Guindos.   

El vicepresidente de la Comisión y responsable Competencia, Joaquín Almunia, aprobará este miércoles alrededor de las 11:30 horas los planes de reestructuración presentados por las cuatro entidades, que han sido negociados con el Gobierno y con el Banco de España durante las últimas semanas.   

En cada plan de reestructuración se recoge la cantidad de ayuda que necesitará cada entidad para garantizar su viabilidad futura, el nivel de pérdidas que deberán asumir los tenedores de preferentes y deuda subordinada para garantizar un reparto adecuado de la carga, los activos inmobiliarios que se transferirán al banco malo y la reducción de balance que imponga Bruselas.    Según las pruebas de resistencia realizadas por la consultora Oliver Wyman, las necesidades de capital de Bankia ascienden hasta los 24.743 millones en un escenario adverso de la economía. El déficit de capital de Catalunya Caixa alcanza hasta 10.825 millones, el de Novagalicia Banco hasta 7.176 millones, y el de Banco de Valencia hasta 3.462 millones. Estas necesidades no se corresponderían necesariamente con el nivel de ayudas públicas, puesto que las entidades podrán deshacerse de activos a través del 'banco malo' y reducir sus oficinas, entre otras cosas.   

El Ejecutivo comunitario hará públicos los rasgos fundamentales de cada uno de los cuatro planes de reestructuración, aunque algunos detalles serán confidenciales. Según fuentes conocedoras de las negociaciones, no se concretará el número de oficinas que debe cerrar cada entidad ni el número de despidos.   

La aprobación de los planes de reestructuración de Bankia, Catalunya Caixa, Novagalicia Banco y Banco de Valencia es el penúltimo paso previo a que España reciba el primer tramo del rescate bancario de hasta 100.000 millones de euros aprobado por el Eurogrupo.   

Simultáneamente, la Comisión publicará el informe elaborado por sus inspectores y los del Banco Central Europeo (BCE) que visitaron Madrid durante la segunda quincena de octubre, en el que se constata que España cumple las condiciones exigidas en el memorándum de entendimiento a cambio de la ayuda.   

Con todos estos elementos, el Eurogrupo aprobará el desbloqueo de la ayuda probablemente el 3 de diciembre, con lo que los fondos podrían empezar a llegar pocos días después. De hecho, desde Economía se espera que los fondos procedentes del Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (MEDE) para recapitalizar la banca lleguen a mediados del próximo mes.    Sumando los fondos para los bancos nacionalizados, el dinero necesario para poner en marcha la Sareb y la ayuda necesaria  para las entidades no nacionalizadas, De Guindos estima que el importe total del rescate bancario "puede estar en el entorno de los 40.000 millones de euros, que es siempre la cifra que hemos estado manejando, que supone aproximadamente un 3,5%, un poquito más, del PIB de España".

LOS SINDICATOS TEMEN UN DESPIDO DE 20 DÍAS.

   Los sindicatos, por su parte, temen que Bruselas imponga el despido con una indemnización de 20 días por año, tal y como establece la reforma laboral, en toda la banca nacionalizada (Bankia, Catalunya Caixa y Novagalicia), según han informado a Europa Press en fuentes sindicales.  

 Esta sería una de las condiciones que la CE impondría para liberar la ayuda de 37.000 millones de euros que servirá para recapitalizar a las entidades nacionalizadas. Desde Comfia-CC.OO. se denuncia la posición "sectaria y doctrinaria" del Banco de España en las negociaciones de los planes de reestructuración de las entidades controladas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), en las que trata de imponer los principales preceptos de la última reforma laboral.