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El alcalde de Villavieja de Yeltes pide a la Fiscalía que investigue la cesión de derechos de explotación de uranio entre Enusa y Berkeley
Jorge Rodríguez considera en su escrito que hay “indicios sólidos más que suficientes” para establecer que existe un presunto intento de “privatización encubierta e ilegal” de estos recursos.
El alcalde de Villavieja de Yeltes, Jorge Rodríguez, ha presentado un escrito ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en el que solicita la apertura de una investigación sobre la cesión de los derechos de explotación de dos reservas definitivas de uranio, adscritas a los números de registro 6362 y 6363, denominadas ‘Salamanca 28’ y ‘Salamanca 29’, entre la empresa pública Enusa y la mercantil australiana Berkeley Minera España SL.
Según ha explicado el regidor de la comarca mirobrigense, la documentación aportada pone de manifiesto, desde su punto de vista, que existen “indicios sólidos más que suficientes” para establecer que existe un presunto intento de “privatización encubierta e ilegal” de estos recursos.
Una tentativa que, además, habría sido “parcialmente lograda” mediante una “compleja operación” que, según Rodríguez, contaría con la participación de “personas y empresas muy relevantes a nivel nacional y mundial en el ámbito de la energía”, a quienes atribuye presuntos delitos contra la Administración pública. Considera asimismo Rodríguez que “las autoridades competentes, en el cumplimiento de sus obligaciones, deberían investigar para depurar cuantas responsabilidades administrativas y penales pudieran derivarse”.
La presentación de esta solicitud ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada responde al acuerdo plenario alcanzado en el seno de la Corporación Municipal el 1 de octubre de 2021. El acuerdo requería la puesta en conocimiento de la Fiscalía la información recabada tras las investigaciones y los trámites realizados por el Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes, en base a otro acuerdo plenario, este del 13 de junio de 2014, en el que se determinó la ejecución de “las acciones municipales necesarias para esclarecer el objeto de las instalaciones mineras proyectadas por Berkeley” en el municipio.
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