El procurador de IU-Equo, José Sarrión, ha afirmado no comprender la urgencia que alude la compañía australiana, cuando el procedimiento se encuentra paralizado en tres niveles. La autorización de construcción de planta de beneficio de mineral está suspendida indefinidamente por Ministerio de Energía, pendiente de pronunciamiento del Consejo de Seguridad Nuclear.

De la misma forma, la autorización concedida por el Ministerio en 2015 se encuentra recurrida en la Audiencia Nacional; y está pendiente de resolución el recurso de alzada contra la Autorización de uso excepcional en suelo rústico de la mina en municipio de Retortillo.

"No comprendemos la vía de urgencia solicitada por Berkeley Minera España y mostramos una sorpresa ante el anuncio publicado por el BOCyL el 19 de octubre de 2017. El ejecutivo autonómico mantiene una postura absolutamente irresponsable ante este proyecto", afirma el procurador.

El Artículo 56.1 del Reglamento de expropiación forzosa señala que la urgencia en expropiación debe ser motivada, y se contempla siempre como excepción. "En este caso no ha habido razón. Y no olvidemos que esta empresa tiene antecedentes como la autorización planta de concentrado que se caducó por no entregar expediente ante el Ministerio", ha añadido.

Además, IU-Equo ha recordado que el proyecto condicionará el futuro del campo charro, el oeste de la Comunidad; pondrá en peligro el trabajo de agricultores y ganaderos de la zona, y el Balneario de Retortillo.

La expropiación afectará a 100 hectáreas, distribuidas en 14 fincas y pertenecientes a 14 familias diferentes. "¿Este es el argumento de la creación de empleo del PP? Destrucción. Condicionar el futuro de una comarca y sus alrededores solo para garantiza a una empresa australiana la explotación, uso y abuso de nuestras tierras", ha señalado.