La tormenta perfecta que azota al sector energético ya se nota incluso los autobuses de Salamanca. El concejal de Hacienda, Fernando Rodríguez, ha detallado la compleja situación que atraviesa el ramo y ha pedido al Gobierno que tome cartas en el asunto impulsando un nuevo fondo extraordinario para abonar los déficit de explotación que aún arrastran desde la pandemia y abriendo la mano para que las empresas concesionarias puedan acogerse a las ayudas de las que ya disfrutan otros sectores como los transportistas.

Para empezar, las cuentas no cuadran. El Ayuntamiento de Salamanca abonó 9,1 millones de euros en 2021 en concepto de déficit de explotación, un 36,5% más que en 2019. ¿Por qué? Porque desde la pandemia los salmantinos usan menos el transporte urbano y los ingresos por pago de las tarifas han caído a plomo. En 2022, sin ir más lejos, aún eran un 30% inferiores a los de 2019.

A esto se suma la situación de los combustibles. El Real Decreto Ley del Gobierno para apoyar a las empresas del sector del transporte excluye al transporte urbano y este "agravio y perjuicio" recae directamente sobre los Ayuntamientos y contribuye a engordar la factura. El precio del Kw/hora de gas (combustible que usan los buses de Salamanca) se ha disparado un 86% en dos años. Con todos estos factores "el déficit de explotación va creciendo y con toda seguridad la empresa concesionaria reclamará", reconoció el edil. Congelar el precio del billete "no puede durar indefinidamente".

Así las cosas, Salamanca considera "imprescindible" que el Gobierno aprueba un "nuevo fondo extraordinario" para enguajar los déficit de explotación y, además, que retoque el Real Decreto para permitir que las empresas que gestionan el transporte urbano puedan acogerse a las ayudas de las que ya disfrutan otros profesionales "y evite reclamaciones" a los Consistorios. Los Ayuntamientos llevan pidiendo dicho fondo desde que llegó la pandemia, pero todo se ha "agravado" por culpa de los combustibles,