Los afectados por el volcán de La Palma pueden suspender sus obligaciones de pago de intereses y principal tanto de sus hipotecas, préstamos y créditos, independientemente de si están o no al corriente de pago, y con solo pedirlo ante la entidad financiera, según han indicado fuentes del sector financiero.

La norma en vigor para los afectados por la erupción palmera es una moratoria legal --de las deudas con o sin garantía hipotecaria-- de hasta seis meses de duración, que tiene carácter "obligatoria para las entidades y automática si lo solicita el deudor que acredite su condición de beneficiario".

Esta decisión podrá ser, además, ampliada en otros seis meses adicionales por el Consejo de Ministros. A esta moratoria, han detallado las mismas fuentes, se suman las medidas de apoyo del sector bancario a los vecinos que hayan tenido que ser desalojados, como la puesta a su disposición, de forma gratuita y mientras sea necesario, de las viviendas disponibles en condiciones de habitabilidad en La Palma y zonas próximas, algo que ya anunció la Asociación Española de Banca (AEB) en un comunicado el pasado 22 de septiembre.

También cuentan los clientes bancarios con otra serie de medidas financieras, como anticipos de indemnizaciones y líneas de financiación preferenciales.

Los bancos, inciden las mismas fuentes, "se unen al esfuerzo que se está realizando desde la sociedad civil y las administraciones públicas para atender las necesidades de las familias y vecinos de La Palma afectados por estas graves circunstancias con los medios disponibles a su alcance".