La Comisión Europea ha enviado este lunes a Apple un pliegue de cargos en el que acusa formalmente a la compañía estadounidense de abuso de posición dominante por limitar a la tecnología inalámbrica NFC las posibilidades para el pago sin contacto 'Tap to Pay', lo que en la práctica supone restringir la competencia para favorecer a su servicio de pago Apple Pay porque otros desarrolladores no tienen acceso a ese sistema, recoge E. Press.

"Nos preocupa que Apple haya alterado de manera ilegal la competencia", ha dicho la vicepresidenta del Ejecutivo comunitaria responsable de Competencia, Margrethe Vestager, al explicar la opinión de Bruselas tras la investigación preliminar que inició en junio de 2020.

El Ejecutivo comunitario ve problemas en que la compañía impida a desarrolladores de aplicaciones de pago sin contacto acceder a las entradas NFC en los dispositivos de la marca, desde los que los usuarios deben optar por Apple Pay.

El sistema de pago 'Tap to Pay' es un servicio con el que los usuarios pueden usar un iPhone como terminal de pago en sus negocios, de modo que los clientes puedan utilizar su iPhone para pagar únicamente acercando el dispositivo móvil.

Apple defiende la necesidad de estas restricciones por razones de seguridad respecto al acceso de datos de los usuarios, pero Vestager ha avisado de que la Comisión Europea "se toma la seguridad muy en serio" pero en su investigación preliminar no ha encontrado "ninguna prueba que apunte tal riesgo".

En una rueda de prensa para explicar los detalles del procedimiento, Vestager ha acusado a la compañía de crear un "ecosistema cerrado" para su sistema operativo iOS, del que "controla sus puertas fijando las reglas del juego" para cualquier otro competidor que intente llegar a los usuarios de dispositivo Apple.

La política danesa ha insistido en las pruebas de las restricciones de acceso a terceros a la tecnología necesaria para desarrollar soluciones de carteras móviles alternativas en los aparatos de Apple y ha apuntado que si e confirma "tal práctica sería ilegal en materia de competencia".

Con la formalización de la acusación, las compañías implicadas en una investigación tienen ahora acceso a la documentación y podrán contestar por escrito a las acusaciones. Bruselas advierte de que ni el envío del pliego ni la investigación preliminar prejuzgan el resultado final de la investigación, para la que no existe un calendario cerrado para su conclusión.