Un capricho de Javier Iglesias que pagarán las arcas de La Salina

Javier Iglesias

La justicia ha dado la razón a los trabajadores de IFESA en la defensa de su pisoteada 'integridad laboral", pero también ha apuntalado el descalabro económico que propició la desaparición del ente ferial, urdida desde Diputación y Ayuntamiento con el inestimable apoyo de Banco Ceiss y Cámara Agraria. Sólo Confaes y la Cámara de Comercio advirtieron de la perniciosa decisión.

La sentencia avala la posición adoptada en su día por Cámara de Comercio y Confaes, que se manifestaron contrarios al cambio de estatutos y a la disolución y por ende a que la Diputación Provincial se adueñara en exclusiva de la organización de la Feria Agropecuaria. En una polémica reunión del Comité Ejecutivo de IFESA, en octubre de 2013, la Diputación y el Ayuntamiento, con el posicionamiento a favor del representante de Banco Ceiss y la abstención determinante de la Cámara Agraria a través de su presidente Aurelio Pérez, consumaron el dinamitado de años de existosa existencia de Agromaq, al decidir no solicitar desde IFESA su inscripción como certámen oficial de cara a 2014.

 

Durante el proceso que concluyó con la liquidación de IFESA, el propio vicepresidente 1º de La Salina, Carlos García Sierra, y así se recoge en la sentencia hecha pública ayer, manifestó que "no era cierto que la Diputación no fuera a organizar los certámenes feriales" posteriormente, y llegó a a asegurar que los trabajadores, posteriormente despedidos "seguirían prestando sus servicios", porque estos "sabían hacer su trabajo". Nada que ver con lo que finalmente sucedió.

 

En el juicio del que ahora se ha conocido la sentencia, celebrado en diciembre de 2015, la defensa de la Diputación mantuvo que el despido de los empleados decidido en julio del mismo año, se sostenía en lo desfavorables resultados económicos de la actividad de IFESA y el cese de su actividad. La sentencia resuelve la improcedencia del despido y argumenta con rotundidad que la causa de la quiebra financiera de la institución ferial no fue otra que el vaciado de su actividad por parte de la Diputación y su decisión de privar a la institución ferial del motivo principal de su propia existencia, la organización de la feria agropecuaria de Salamanca.

 

En aquel juicio todas las argumentaciones de Diputación quedaron en evidencia, aunque quizá lo más significativo fuera que el presidente de la Cámara Agraria provincial, Aurelio Pérez, ni siquiera se dignara a personarse, cuando su voto había sido el desencadenante del proceso de desaparición de IFESA.

 

El conflicto abierto por la intención de la Diputación Provincial de controlar en solitario la Feria Agropecuaria, para no tener que rendir cuentas al resto de socios de IFESA de la contratación de proveedores, los ingresos por entradas o el presupuesto de publicidad en medios, lo apuntaló ya en su momento Javier Iglesias al presumir de que "realizando la feria con nuestros propios medios, personales y organizativos, conseguiremos un importante ahorro para todos". Falacia que no por mucho repetir en varias ocasiones, incluso en el balance de la primera feria organizada en solitario por la Diputación, la del 2014, ya deficitaria, se convirtió en realidad.

 

Muy al contrario, el presupuesto de gastos se disparó en aquella edición, incluyendo la aportación de más de 40.000 euros en complementos para los 36 funcionarios y personal laboral que la Diputación puso al frente de la feria Salamaq para sustituir a los 3 trabajadores despedidos. Todo el proceso ha desembocado en la pérdida de valor de un certamen ferial con más de 30 años de existencia, el descalabro económico para las arcas de la Diputación Provincial por un capricho de Javier Iglesias, y la desagradable sensación entre los implicados de que en el fondo del asunto subyacía un único detonante: los oscuros intereses económicos de un medio de comunicación local al que el éxito de la feria agropecuaria poco le importa mientras sus cuentas no sean las principales beneficiarias del mismo. El mismo medio, y el único, que hoy dedica apenas unas líneas al triunfo judicial de los tres trabajadores injustamente tratados durante más de un año.