Un alto funcionario se sentará ante un jurado popular por gastar 6.000 euros de la Diputación en cañas y cenas

El que fuera jefe de Fomento, investigado por la 'trama Diputación', cargó durante años gastos personales a una partida pública. Se expone hasta a ocho años de cárcel e inhabilitación por 20 años.

El que fuera jefe de Fomento de la Diputación de Salamanca, Manuel Borrego, tendrá que responder del uso de miles de euros de fondos públicos con los que pagó cenas, cañas, peajes y otros gastos personales. Así será una vez la Audiencia Provincial ha desestimado su último recurso, presentado hace cerca de un año después de que el juzgado número 1 de Salamanca decidiera abrirle juicio por un posible caso de malversación de caudales públicos. Al denegar la justicia este recurso, el proceso sigue el trámite previsto en su día, por lo que Borrego tendrá que sentarse ante un jurado popular. Según las fuentes consultadas, será a finales de este año 2018 o principios del que viene.

 

Según la resolución emitida en su día por el juzgado número uno, y que publicó TRIBUNA, el investigado cargó entre 2007 y 2011 hasta 6.829,69 euros de cenas, comidas, peajes y consumiciones hechas en fin de semana a una partida del área de Fomento, partida denominada anticipos de caja fija, que está considerada como fondos públicos y que está destinada a gastos diversos que no tienen nada que ver con el uso que dio Borrego.

 

En la investigación afloraron numerosas facturas abonadas con cargo a estos fondos que corresponden con cenas y comidas fechadas en viernes por la tarde y noche, sábados y domingos y que, por lo tanto, no pueden considerarse parte de su trabajo sino personales; y tampoco gastos de representación, ya que con los anticipos de caja fja no se pueden pagar este tipo de facturas. Además, Borrego recibió entre 2007 y 2012 la cantidad de 14.572,92 euros para dietas y locomoción y tiene un sueldo cercano a los 60.000 euros anuales, que sigue percibiendo porque ha sido apartado, pero no cesado de su puesto.

 

A esta partida endosaba Borrego gastos como una factura de más de 400 euros un sábado, coste final reflejado en una de las notas presentadas por Borrego para que se paguen con cargo a esta partida de Fomento; en todas tenía el visto bueno del vicepresidnte de la Diputación, García Sierra, que tenía que revisarlas antes de autorizar su pago y que firmó al dorso en los años 2007 y 2008 con un 'visto'.

 

Por todo ello, Borrego va a ser juzgado por un delito de malversación de caudales públicos y será un jurado popular quien determine si es culpable; la normativa manda que los casos de malversación son competencia de un tribunal jurado. Se expone a penas de prisión de tres a seis años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a diez años, por lo que si es culpable podría entrar en la cárcel y le costaría su puesto como funcionario. Si el tribunal considera que el caso reviste especial gravedad (y puede serlo al tratarse de un alto funcionario) se impondrá la pena de prisión de cuatro a ocho años y la de inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años. En caso de probarse una sustracción inferior a 4.000 euros, recibiría multa, cárcel de 6 meses a tres años y tres años de inhabilitación.

 

 

Carlos García Sierra dio el visto bueno

 

La resolución exoneró en su día al componente político de este caso de malversación de caudales públicos, el vicepresidente de la Diputación Carlos García Sierra. El que fue diputado de Fomento durante los años de la 'trama Diputación' y también en este caso de uso indebido de fondos públicos, firmó durante años los ticquets con los gastos que presentaba su jefe de área. Resguardos que correspondían con gastos personales hechos en fin de semana y que Borrego cargaba a una cuenta del área de Fomento sin que García Sierra lo impidiera. Incluso llegó a autorizarlos a pesar de los reparos que la intervención puso en varias ocasiones a dar de paso estos gastos.

 

Este caso de gastos indebidos es la segunda parte de la 'trama Diputación'. Además de la investigación por los numerosos contratos concedidos a empresas a las que, según la acusación hecha por el PSOE, se había favorecido con encargos por 12 millones de euros, el caso tenía esta derivada centrada en el laxo control que la Diputación hizo sobre los gastos y actividades de su jefe de Fomento. En ambos casos, Manuel Borrego ha tenido y tiene un papel central, ya que es el principal sospechoso. El primero fue sobreseído, aunque el PSOE recurrió porque está convencido, y más ahora, de que hubo delito.