Un alto funcionario de la Diputación, a juicio por gastar más de 6.000 euros públicos en cenas y cañas
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Un alto funcionario de la Diputación, a juicio por gastar más de 6.000 euros públicos en cenas y cañas

El que fuera jefe de área de Fomento de la Diputación se sienta en un juicio con jurado a partir del 1 de diciembre acusado de malversación de caudales públicos por haber gastado más de 6.000 euros en consumiciones y gastos particulares que cargó a una partida pública.

Un alto funcionario de la Diputación de Salamanca se sentará a partir del día 1 de diciembre en el banquillo para un juicio con jurado acusado de malversación de fondos públicos por haber gastado más de 6.000 euros de fondos de una partida de la institución provincial en gastos que se demostró eran de carácter particular. Entre ellos, el acusado cargó durante años tickets de comidas, cenas, cañas, viajes, recargas del bus urbano o consumiciones hechas fuera de sus atribuciones y que presentó para que le fueran abonados, cosa que logró en varias ocasiones.

 

El acusado es Manuel Borrego y los hechos datan de cuando era jefe del área de Fomento en la Diputación de Salamanca. En el año 2015, una investigación de TRIBUNA de Salamanca permitió desvelar que el citado alto funcionario había pasado miles de euros en restaurantes y bares para que le fueran abonados como gastos de protocolo o representación, cuando se habían hecho al margen de sus atribuciones y funciones. Los hechos son una parte de la denominada 'trama Diputación', el caso de presuntos tratos de favor a determinadas empresas promotoras y constructoras beneficiadas con contratos por valor de 12 millones de euros que la propia institución llevó a los tribunales, y que fue archivado.

 

Según la resolución emitida en su día por el juzgado número uno de Salamanca, y que publicó TRIBUNA, el ahora juzgado cargó entre 2007 y 2011 hasta 6.829,69 euros de cenas, comidas, peajes y consumiciones hechas en fin de semana a una partida del área de Fomento, partida denominada anticipos de caja fija, que está considerada como fondos públicos y que está destinada a gastos diversos que no tienen nada que ver con el uso que hizo el alto funcionario.

 

En la investigación afloraron numerosas facturas abonadas con cargo a estos fondos que corresponden con cenas y comidas fechadas en viernes por la tarde y noche, sábados y domingos y que, por lo tanto, no pueden considerarse parte de su trabajo sino personales; y tampoco gastos de representación, ya que con los anticipos de caja fja no se pueden pagar este tipo de facturas. Además, Borrego recibió entre 2007 y 2012 la cantidad de 14.572,92 euros para dietas y locomoción y tiene un sueldo cercano a los 60.000 euros anuales, que sigue percibiendo porque ha sido apartado, pero no cesado de su puesto.

 

Por todo ello, Manuel Borrego, ahora responsable de otro área en la Diputación, va a ser juzgado por un delito de malversación de caudales públicos y será un jurado popular quien determine si es culpable; la normativa manda que los casos de malversación son competencia de un tribunal jurado. Se expone a penas de prisión de tres a seis años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a diez años, por lo que si es culpable podría entrar en la cárcel y le costaría su puesto como funcionario. Si el tribunal considera que el caso reviste especial gravedad (y puede serlo al tratarse de un alto funcionario) se impondrá la pena de prisión de cuatro a ocho años y la de inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años. En caso de probarse una sustracción inferior a 4.000 euros, recibiría multa, cárcel de 6 meses a tres años y tres años de inhabilitación.

 

La última 'pieza' de la 'trama Diputación'

El juicio a este alto funcionario pone punto y final a la denominada 'trama Diputación', el caso de presunta corrupción denunciado por el PSOE y que obligó a la propia institución provincial en su día a llevar el asunto a la Fiscalía por sospechas de trato de favor hacia empresas a la hora de adjudicar contratos de la Diputación cuando este alto funcionario era jefe de ese área.

 

El asunto data de noviembre de 2014 cuando estalló el escándalo de presuntos contratos irregulares con el que funcionarios de La Salina supuestamente habrían estado beneficiando a determinadas empresas con obras públicas por 12 millones de euros. Dos funcionarios, entre ellos el que ahora va a juicio con jurado, fueron apartados por la Diputación de Salamnaca, pero no expedientados.

 

La investigación terminó en una causa abierta contra el citado funcionario y contra el vicepresidente de la Diputación, Carlos García Sierra, acusados  de prevaricación, fraude y tráfico de influencias. La causa fue sobreseída en marzo de 2017 tras una larga instrucción, sin imputar cargos, pero con una sentencia que acredita funcionamiento extraño de los contratos negociados o viajes del jefe de Fomento con empresas beneficidas. 

 

En una sentencia con muchas cuestiones en duda, el juzgado analiza viajes del funcionario acusado a Turquía con responsables de empresas acusadas, el irregular funcionamiento de los contratos negociados sin publicidad o la disparidad entre las cantidades contratadas por la Diputación y las declaradas por las empresas, para concluir que no concurren tráfico de influencias, prevaricación o fraude por no haber indicios suficientes.

 

Sin embargo, la sentencia  acreditaba el uso irregular de los contratos negociados sin publicidad: ha quedado probado que, de manera sistemática, se invitaba a tres empresas y que, después, dos desistían siempre de presentar ofertas.