Stop Desahucios Salamanca denuncia el incumplimiento del principio de precaución

La plataforma ciudadana Stop Desahucios Salamanca ha entregado una carta en el Ayuntamiento informando sobre el incumplimiento del principio de precaución.

El principio de precaución (término tomado de las ciencias medioambientales) es un mecanismo por el que la empresa suministradora de electricidad, gas o agua, antes de efectuar una interrupción del suministro tiene la obligación de solicitar un informe a los servicios sociales municipales para determinar si el hogar se encuentra en situación de vulnerabilidad, evitando así la interrupción del suministro a los consumidores en esta situación.

 

Se deduce que las administraciones públicas, en este caso el Ayuntamiento, junto con las compañías, son los actores principales de este mecanismo. No es la familia o la persona, en su condición de consumidor vulnerable, la que deba “en primera instancia” acudir a los servicios sociales.

 

Esto se aprobó por mayoría absoluta en el Pleno del Ayuntamiento de Salamanca, en sesión ordinaria del 1 de diciembre del pasado año 2016.

 

Pero contradictoriamente, ahora, los grupos socialista y ciudadanos manifiestan que el principio aprobado con sus votos es ilegal, inconstitucional, inviable en la práctica y que su puesta en funcionamiento crearía situaciones de agravio comparativo entre los ciudadanos.

 

Además, defienden el Protocolo de colaboración firmado recientemente por el alcalde de esta ciudad con Iberdrola como la solución para paliar las consecuencias de la pobreza energética.

 

Las diferencias entre el Principio de Precaución y el Protocolo son profundas tanto en el fondo como en la forma. En el segundo caso, la persona sin recursos económicos ha de acercarse hasta los servicios sociales, demostrar con mil papeles su estado de precariedad y mendigar ayudas para el pago del reenganche o evitar que el corte de los suministros se produzca; mientras que en lo aprobado con tu voto, las compañías y la administración impiden, “por si acaso”, la interrupción de los suministros a las personas y familias con escasos recursos.

 

No se puede olvidar que la pobreza invade todos los aspectos de la vida, que es destructiva y que en ocasiones incapacita incluso para pedir ayuda, como le ocurrió a la anciana fallecida en Reus hace unos meses, precisamente por no pedir ayuda.

 

Resulta incomprensible y carente de razón que el Partido Popular vote en diciembre a favor de unas medidas para paliar las consecuencias de la pobreza energética y que a las pocas semanas adopte otras distintas, de principios muy diferentes y de dudosa eficacia. Todo ellos con el silencio cómplice del resto de concejales de esta corporación.