¿Se acabó la Historia?
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¿Se acabó la Historia?

Hace poco más de treinta años, en el verano de 1989, un joven politólogo, por entonces prácticamente desconocido, publicaba en una revista de muy escasa difusión un artículo titulado “¿El fin de la Historia?”. Este texto, que pronto levantó un enorme revuelo y un intenso debate que superó los límites de lo académico, es sin duda hoy uno de los más importantes que se han escrito sobre nuestro tiempo.

 

La tesis de Francis Fukuyama, escrita en un lenguaje sencillo y cuya lectura recomiendo, se puede resumir de forma sencilla: el comunismo, el fascismo y los demás regímenes totalitarios son sistemas desacreditados e inviables y solo la democracia liberal tiene la legitimidad necesaria para convertirse en el sistema político al que aspirar. Reconocía Fukuyama que la democracia seguía amenazada, sobre todo por el nacionalismo y el fanatismo religioso, pero sería capaz de superarlas. Se impondría el único sistema que ha demostrado su capacidad de generar riqueza, prosperidad, libertad y progreso para todos.

 

Pocos meses después de su publicación, caía el muro de Berlín y la Unión Soviética echaba el cierre por quiebra, lo que hoy llamamos en España concurso de acreedores, incapaz de hacer frente al mantenimiento económico de un sistema que solo dejaba tras de sí miseria y represión. Mientras que los marxistas habían predicho que la Historia terminaría con el advenimiento de la utopía comunista, en realidad todo parecía indicar que terminaba con el tedioso triunfo de la democracia burguesa.

 

El final de la Guerra Fría implicaría, según Fukuyama “la universalización de la democracia liberal occidental como forma final del gobierno humano”. La idea de Fukuyama parecía de sentido común, los hombres elegirían el bienestar y la libertad frente a la pobreza y el totalitarismo. Pese a ello, enseguida fue fuertemente criticada, es fácil deducir por quiénes. Y unos años después los atentados de las Torres Gemelas y las guerras de Irak demostraban que, pese a todo, una parte de la humanidad jamás aceptaría el sistema más eficiente como forma de Gobierno.

 

Y en realidad ahí seguimos. No solamente a nivel internacional y estatal hay quienes se empeñan en sostener sistemas como el de Cuba, Venezuela o Corea del Norte, en los que a cambio de represión y totalitarismo obtienen además hambre y miseria, mientras sus dirigentes hablan en nombre del pueblo para justificar precisamente cómo lo masacran. O sistemas como el chino, en el que a cambio de la prosperidad y la riqueza que curiosamente otorga la concesión a un sistema económico liberal, los ciudadanos tienen que consentir la inmolación de sus jóvenes hijos en la Plaza de Tiananmén. Todo vale para mantener viva la llama de la ensoñación comunista. Incluso en el mismo seno de la Unión Europea, asistimos con preocupación al giro de países como Hungría y Polonia hacia tentaciones neofascistas.

 

Pero también vemos como en el interior mismo de los estados democráticos persiste la amenaza de los totalitarismos, ahora en forma de populismos y de nacionalismos. La fuerza de partidos como el de Le Pen en Francia, el FvD en Holanda o el auge de Vox no es precisamente tranquilizadora. Además, tenemos aquí, en nuestro propio Gobierno, un partido que sigue aspirando a los ideales marxistas, a la nacionalización de sectores productivos, que sigue demonizando la iniciativa privada, el emprendimiento y la actividad empresarial. Que sigue aspirando a que sea el Estado el que dirija toda la actividad económica. Que pese a lo sucedido con las cajas de ahorros dirigidas por políticos quiere una banca estatal, nacionalizar el sistema eléctrico, eliminar la educación y la sanidad privadas, decidir el idioma en el que se educan nuestros hijos o establecer, desde un Ministerio, qué es la verdad y qué pueden o no decir los medios. Son los que quieren elegir a los fiscales y a los jueces. Los que piensan que pueden engañar y mentir porque todo vale con tal de imponer ese sistema en el que todos seamos iguales, aunque unos mucho más iguales que otros, como advertía Orwell.

 

Sucede también en la política regional y municipal. Con Gobiernos autonómicos que imponen sus ensoñaciones nacionalistas y deciden quiénes son buenos vascos, buenos catalanes o buenos baleares. Y que estigmatizan y persiguen a quienes no comulgan con sus ruedas de molino, al más puro estilo de Hitler o Mussolini.

 

También hay muchos Ayuntamientos, que se empeñan en municipalizar todos los servicios, en demonizar a la iniciativa privada y en impedir que sus vecinos reciban los mejores servicios, a mayor gloria de un colectivismo trasnochado. Incluso tenemos en Barcelona a una alcaldesa que pretende pasar por encima de la Constitución y de la propiedad privada emulando el “¡Exprópiese!” de Maduro. Y cuando el Tribunal Supremo le recuerda que debe, como todos los ciudadanos, someterse a la ley, arremete contra sus magistrados a los que acusa de corrupción y connivencia con la empresa privada.

 

De todos nosotros depende, cuando nos toque votar, decidir si queremos seguir con esta historia o ponerle fin y dedicar todas nuestras energías a salir adelante, que buena falta nos hace.