Salamanca cuenta con el 16,2% de las subvenciones que recibe el transporte público en Castilla y León

La Administración central distribuyó en la provincia de Salamanca un total de 706.000 euros, íntegamente en Salamanca capital.

Los billetes son solo una parte de los ingresos destinados a costear el transporte público, que requiere además de fondos públicos para completar sus necesidades de financiación.

 

Así, la Administración central distribuyó en la provincia de Salamanca un total de 706.000 euros, íntegamente en Salamanca capital, según la Asociación de Empresas Gestoras de Transportes Colectivos Urbanos (ATUC). Esta cifra representa el 16,2% de todos los fondos que recibe Castilla y León en este concepto.

 

Esta cantidad forma parte de los 51 millones que el Estado repartió entre los municipios españoles, de la que el 85% se fija de acuerdo al déficit del billete. Sin embargo, otros factores como la demanda, la longitud de la línea y los criterios medioambientales, que a priori deberían tener más peso en el reparto, apenas suponen el 15% de la subvención,

 

Si bien se asume que las ayudas tengan en cuenta el déficit por billete, ya que si el sistema se financiara sólo por ingresos de los usuarios los billetes serían mucho más caros, para la entidad este reparto no es ni homogéneo ni equitativo y produce algunos desequilibrios.

 

BÚSQUEDA DE UNA LEY

 

La falta de equidad en el reparto de subvenciones públicas forma parte de un problema más grande y que no es otro que la falta de una Ley de Financiación del transporte público, con la que se ponga orden y regule con criterios de eficiencia el reparto de fondos para costear el sistema.

 

En la actualidad, el transporte público se financia en un 50% aproximadamente por los ingresos procedentes de los usuarios (billetes), mientras que el 50% restante procede de recursos públicos. Sin embargo, al no haber una ley de financiación, como sí ocurre en el resto de Europa, no está determinado qué debe aportar cada administración, ni bajo qué criterios...

 

Según el secretario general de ATUC, Jesús Herrero, “el transporte público es un pilar del estado de bienestar, pero España carece de una ley que ponga los puntos sobre las íes a los recursos que recibe para hacer posible un buen funcionamiento del sistema, del que se benefician cada día 5 millones de personas. Con ella los municipios recibirían los fondos con criterios de equidad y eficiencia, en lugar de subvencionar con arreglo al déficit del billete, algo incoherente si queremos un sistema eficaz”.