Regtsa ofrecerá "flexibilidad y aplazamiento" en los pagos a los colectivos afectados por la crisis sanitaria

Dependencias de Regtsa.

Pospondrá hasta el mes de mayo el segundo periodo de cobro y ampliará el plazo para abonar los recibos de dos a tres meses.

El Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación de Salamanca (Regtsa) ofrecerá "flexibilidad y aplazamiento en el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias" a "aquellos colectivos que se hayan visto afectados por el parón económico generado por la crisis del COVID-19".

 

En palabras del presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, con estas medidas "se pretende adaptar la institución provincial y ser flexible con los más perjudicados por el parón económico del COVID-19, entre los que se encuentran numerosos empresarios y trabajadores de la provincia y, al mismo tiempo, que los ayuntamientos puedan contar con recursos evitando la merma de tesorería en las arcas municipales".

 

Por un lado, después de que "ya se puso a cobro el primer periodo de 2020 de tasas y precios públicos", Regtsa pospondrá hasta el mes de mayo el segundo periodo de cobro y ampliará el plazo para abonar los recibos de dos a tres meses.

 

Con estas modificaciones, según la información aportada, el segundo periodo (IVTM, tasas y precios públicos) será del 4 de mayo al 31 de julio; el tercer periodo (IBI, tasas y precios públicos), del 1 de junio al 31 de agosto; y el cuarto periodo (IBI segundo plazo para los ayuntamientos que lo tienen establecido, IAE, tasas y precios públicos), del 1 de septiembre al 30 de noviembre.

 

En el caso de los ayuntamientos que tengan establecido el pago del IBI en dos plazos, estos coincidirán con el tercer y cuarto periodo; y, por otro lado, Regtsa pondrá en marcha "un sistema de aplazamiento y fraccionamiento exprés en voluntaria" para determinados contribuyentes.

 

En concreto, sobre esto último, será para los contribuyentes que formen parte de empresas que hayan cesado su actividad durante alguno de los periodos del estado de alarma, empleados que hayan sido incluidos en algún proceso de regulación de empleo como el ERTE y unidades familiares que hayan sufrido la pérdida de alguno de sus miembros como consecuencia del COVID-19.

 

Para agilizar la tramitación de los aplazamientos o fraccionamientos, el organismo autónomo salmantino exigirá dos requisitos, la declaración responsable de que se encuentra en alguno de los supuestos contemplados y la domiciliación bancaria de los pagos.

 

Asimismo, tal y como ha reseñado Regtsa a través de la información facilitada por la Diputación de Salamanca, "no será necesario la aportación de ninguna garantía para deudas inferiores a 30.000 euros".

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