Puertas de cristal en los despachos de los curas, medida preventiva para evitar abusos a menores
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Puertas de cristal en los despachos de los curas, medida preventiva para evitar abusos a menores

Varias diócesis de España, entre ellas la que corresponde a Béjar, proponen adoptar un protocolo para erradicar los abusos a menores. Incluye exigir el certificado del registro de delitos sexuales.

Política de puerta nunca cerrada en cualquier despacho donde un cura se pueda reunir con un menor por cualquier motivo. Esta es la recomendación básica de algunos de los nuevos protocolos con los que las diócesis españolas van a intentar frenar los casos de abusos o pederastia que están castigando a la Iglesia católica. Entre los lugares donde antes se van a aplicar, varias localidades de Castilla y León como Béjar o las comarcas del Norte de Zamora, que pertenecen a diócesis que no son la de Salamanca. En el caso de Béjar, pertenece a la diócesis de Plasencia, además de Santibáñez de Béjar y Puente del Congosto. 

 

La diócesis de Plasencia ha publicado en su revista el protocolo para la "la prevención, detección, denuncia y actuación ante este tipo específico de maltrato infantil" en el que se marcan de una manera "sencilla y clara" las directrices a seguir. El protocolo está en la línea de los más exigentes puestos en marcha por otras diócesis como la de Astorga, esta última afectada por el caso del párroco de un pueblo de Zamora condenado por dos casos de abusos.

 

Entre las recomendaciones, eludir muestras físicas de afecto, examinar a un enfermo sin la presencia de otro adulto o llevar a cabo como norma una política de puerta nunca cerrada allí donde un sacerdote se reúna con menores. En este sentido, protocolos similares como el de Astorga recomiendan poner puertas de cristal transparente y cristaleras en los despachos de los sacerdotes.

 

El documento prohibe "absolutamente" la práctica de "juegos, bromas o castigos que puedan tener connotación sexual, evitando cualquier tipo de conductas que impliquen o sugieran desnudarse o besarse", así como "novatadas y otras dinámicas o juegos que puedan llevar actos vejatorios, denigrantes o sexistas".

 

El documento señala que la política de prevención comienza con la "selección de personal" e indica que, además de las entrevistas previas, "se exige que todas las personas que entren en contacto con menores deberán presentar el certificado negativo del registro central de delincuentes sexuales". Este documento es obligatorio para cualquier persona que trabaje o pretenda trabajar o realizar cualquier tipo de actividad que conlleve contacto habitual con menores, pero la Iglesia no lo estaba solicitando.

 

Además, este nuevo protocolo incluye que "los sacerdotes, personal contratado y voluntarios firmarán un documento expreso donde señalan su repulsa a todo abuso contra menores"; en caso de cometerlo, se declararán únicos responsables. Ante cualquier sospecha o revelación de abuso, será obligatorio informar a la Vicaría General.

 

Por lo que refiere al ámbito eclesial, el protocolo pide llevar a la práctica las medidas propuestas por la Santa Sede y la propia normativa de la Conferencia Episcopal Española: proteger la libertad de los testigos y garantizar la buena marcha del proceso, imponer medidas temporales de carácter cautelar para prohibir al clérigo acusado el ejercicio del ministerio sagrado o del propio oficio, imponer o prohibir la residencia en determinados lugares, o incluso prohibirle la participación pública en la eucaristía.