Pruebas de ADN y multas de hasta 15.000 euros a los propietarios que no recogen las cacas de sus perros

Un perro con su dueño, y la preceptiva correa, en el parque de San Francisco. Foto: F. Oliva

Salamanca puede sumarse a la lista de ciudades que han adoptado o se plantean recurrir a las pruebas genéticas para identificar a propietarios que incumplen la normativa. El perfil del ADN cuesta uno 35 euros y el análisis para multar menos de 20, que pagarían los propietarios.

LAS MULTAS EN OTRAS CIUDADES

 

Entre las multas más elevadas, se encuentran las de Las Palmas de Gran Canaria, dónde las sanciones graves oscilan entre 150 y 1.500 euros, y las muy graves entre 1.500 y 15.000 euros, según la ordenanza de tenencia de animales. El incumplimiento se considera una infracción grave, que se convierte en muy grave si la persona reincide en seis meses. 

 

Las multas en Bilbao por los excrementos de perros son de 750 euros para las infracciones leves, 1.500 euros para las graves y de 3.000 euros para las muy graves. En 2015, su Ayuntamiento aprobó estudiar la posibilidad de identificar a los 25.000 perros de la ciudad con análisis de ADN. El Ayuntamiento de Murcia también tiene multas: 150 euros si es la primera infracción, 300 euros si es un reincidente y 1.500 euros si persiste con esta actitud por tercera vez. En Valencia, se impone una sanción leve de entre 150 y 300 euros.

 

En Málaga, cada dueño que incumpla la normativa se expone a una multa de entre 160 y 500 euros, aunque en el caso de recibir por primera vez la sanción se aplicará el importe mínimo y se podrá permutar por trabajos sociales a razón de 25 euros la hora.

Salamanca parece dispuesta a poner freno a la desagradable, y muy extendida, costumbre que algunos propietarios de perros tienen de no recoger los excrementos de sus mascotas. Aunque está muy asumido el uso de bolsas y a pesar de los lugares habilitados para ello y de las once nuevas zonas especiales para perros en parques municipales, el caso es que es frecuente encontrarse en algunos parques con cacas sin recoger. Basta con que sean unos pocos los que incumplen la normativa para que el problema sea grave, ya que cada vez está más extendida la propiedad de un perro: el censo municipal engrosa cada año con un millar de nuevos canes. Son más de 17.000 en total.

 

Para frenarlo, hace meses que los grupos municipales trabajan en la nueva ordenanza municipal de posesión de animales, vigente desde 1999 y claramente obsoleta. Los trabajos se prolongaron durante un año y terminaron el pasado mes de abril, pero el equipo de Gobierno no se decide a presentar la nueva ordenanza a la espera todavía un informe jurídico al respecto sobre competencias y posibles choques con normativa autonómica y europea. Así que su nueva redacción las medidas que incluye todavía tienen que esperar, aunque el despliegue de propuestas de PSOE y C's y las aportaciones generalizadas de todos los grupos a la nueva ordenanza en el grupo de trabajo formado anticipa cambios. Se han repasado uno por uno los artículos y hay consenso total para una profunda modificación.

 

El primer paso será aumentar las multas. El grupo socialista ha presentado sus propuestas para la nueva ordenanza que incluyen el aumento de nivel de esta infracción, que pasaría de leve a muy grave. Sólo con eso la multa pasaría de 30-150 euros a una horquilla de 1.500-15.000 euros. Esta cuantía, que parece elevada, es la que recoge la actual ordenanza municipal sobre animales de compañía... con las multas todavía en pesetas. El cambio de ordenanza puede actualizar estas cifras que no son del todo descabelladas: son las que barajan otras ciudades para castigar estos comportamientos. En todo caso, no deben generar rechazo porque el número de los que cumplen es muy elevado, casi total.

 

Con la actual normativa, no parece posible acabar con esta fea costumbre ni siquiera a base de multas. Según datos municipales, durante 2016 sólo se pusieron cuatro multas a propietarios por no recoger los excrementos. Por contra, sí se vigila (y multa) mucho otras infracciones como llevarlos sueltos. Una solución es una mayor vigilancia y también la concienciación. Así que el segundo paso es identificar a los infractores. Para ello, el PSOE ha propuesto introducir un censo del ADN de los animales, aunque hay dudas sobre si es totalmente eficaz. Este dato se incorporaría a los que ya se incluyen en el chip identificativo obligatorio.

 

Pero, ¿cuánto cuesta hacer ese perfil de ADN? Según las experiencias en otras ciudades, es asequible. El último en implantar el perfil genético entre las obligaciones de los propietarios ha sido el Ayuntamiento de Málaga. Las pruebas son obligatorias y se ha difundido un coste de unos 35 euros por perfil y animal. Así que los más de 17.000 propietarios de Salamanca tendrían que hacer este perfil.

 

Con los datos de ADN de todos los perros registrados, se podría perseguir a aquellos propietarios que no recogen sus deposiciones. Con una muestra del excremento bastaría un análisis, con un coste de unos 18 euros, para identificar al infractor e imponer la multa correspondiente: si pasa a ser infracción muy grave, entre 1.500 y 15.000 euros. La gradación máxima suede ser para los reincidentes. Como en el perfil genético, el infractor correría con el coste del análisis.

 

En Zaragoza, los vecinos que vean heces en las calles podrán recoger una muestra y llevarla al laboratorio de genética de la Facultad de Veterinaria para su análisis y el Ayuntamiento pueda proceder a multar al propietario de la mascota por falta de civismo.