'Operación Lezo': los grandes casos de corrupción ya tienen su ramificación en Salamanca

Fotomontaje de Mañueco, Ignacio González y una guardería de 'Mis Pollitos' en Salamanca

Escándalos, comisiones de investigación y tramas que han dejado huella en Salamanca. Y en 2017, la primera ramificación de un gran caso nacional: el año en el que 'Lezo' salpicó a Mañueco.

La 'operación Lezo' es el último caso de corrupción que ha tocado Salamanca, pero no el único en los últimos años. Ya sean escándalos propios o ramificaciones de las operaciones de ámbito nacional, las tramas que revelan presunta corrupción y las informaciones que evidencian mala gestión han sido habituales en la provincia en los últimos tiempos.

 

La conexión salmantina de la 'operación Lezo' ha confirmado una ramificación de los manejos de Pablo González, encausado y encarcelado junto a su hermano, el expresidente de Madrid, Ignacio González. Ambos están acusados de saquear sociedades públicas como el Canal Isabel II o el propio MercaMadrid. La conexión salmantina se ha conocido durante este 2017, cuando han salido a la luz las jugosas conversaciones grabadas a Ignacio y Pablo González en las que apareció un nombre propio: Alfonso Fernández Mañueco. El 1 de junio de 2017 se publicaba una conversación entre los hermanos González en la que aseguraban que el alcalde había prometido a su socia en un negocio de guarderías, Carmen Pazos (grupo Mis Pollitos) la adjudicación de las escuelas municipales de Salamanca, que iban a ser licitadas.

 

La grabación estalló en la actualidad salmantina y, tras días de mutismo, el alcalde se defendión con un comunicado que no convenció a nadie. Los grupos de la oposición le obligaron a presentarse en un pleno extraordinario monográfico sobre este tema en el que sus explicaciones no convencieron a nadie. Días después negó por tres veces a preguntas de este medio. Se puso en marcha una comisión de investigación que el PP todavía intenta bloquear a día de hoy. Y se han sabido muchas cosas más. Primero, que el grupo Mis Pollitos sí estuvo interesado en la gestión de las guarderías en contra de lo que argumentó el PP. Y tras las declaraciones de los implicados el la trama de blanqueo, se supo que la mujer de Ignacio González visitó antes que nadie las guarderías salmantinas.

 

En el caso del 'merca' salmantino, la sociedad controlada por el Ayuntamiento de Salamanca no sólo no tiene de dónde llevarse, sino que exige aportaciones económicas anuales para sustentarlo. En todo caso, González ha estado cerca de cinco años en el consejo de administración de MercaSalamanca, una empresa con amplios intereses municipales que no va precisamente bien.

 

 

OPERACIÓN NELSON

 

Es el caso contra la cúpula de Ausbanc, una asociación que presuntamente se dedicada a extornsionar a bancos y cajas para que pagaran a cambio de que las revistas de la asociación no les hicieran mala publicidad. Con esas prácticas, el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, engrosó su patrimonio. En el marco de la operación, la Audiencia Nacional pidió al Ayuntamiento de Salamanca información sobre los convenios y pagos que hizo el consistorio a Ausbanc con motivo de un acto en 2005. El resultado, que el consistorio también ha contribuido a las actividades de la desacreditada asociación con 80.000 euros repartidos en varios años.

 

La operación, que tuvo lugar en abril de 2016, supuso la detención de once personas y el fin de la asociación. Sin embargo, el Ayuntamiento de Salamanca se ha negado a retirar el nombre de Ausbanc del registro de asociaciones de interés a pesar de que la oposición se lo ha exigido. El alcalde, Alfonso Fernández Mañueco, se ha negado a hacerlo todo este tiempo con la excusa de que las actuaciones de Pineda no tienen nada que ver con las de la asociación, que ha sido expulsada por dos veces por el Gobierno del registro nacional de asociaciones de consumo.

 

 

TRAMA DIPUTACIÓN

 

Es el caso de corrupción política de mayor nivel propio de Salamanca. Una denuncia ante Fiscalía reveló que varias empresas se podían haber beneficiado de contratos por hasta 12 millones de euros en los que fueron favorecidos por el área de Fomento de la Diputación de Salamanca. Le costó la imputación al vicepresidente, Carlos García Sierra, y al jefe del área, Manuel Borrego. Recientemente ha sido archivado el caso a pesar de las muchas revelaciones que siembran dudas sobre las prácticas en Fomento. Además, y en una denuncia paralela, Borrego tendrá que sentarse ante un jurado popular por haber gastado dinero público en comidas y viajes.

 

 

CASO IFESA

 

El primero de la historia reciente de la corrupción en Salamanca. En septiembre de 2013, el juzgado admitía a trámite una querella del PSOE contra el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, y su diputado Jesús Marái Ortiz. Se les acusaba de presuntos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias por haber influido en el despido de trabajadores de IFESA para contratar presuntamente a personal afín al PP. En el juicio se comprobó que Ortiz había facilitado una lista con nombres para contratar en la feria, entonces organizada por la entidad en la que participaban Diptuación, Ayuntamiento, Cámara, Confaes, cámara agraria o Caja Duero. En octubre de 2015 fue archivado.

 

Tuvo una derivación por los despidos a los trabajadores que habían conseguido que la feria Agromaq fuera la más importante del sector. La Diputación, que decidió acabar con la feria de septiembre y sustituirla por la clónica Salamaq, fue condenada a pagar 256.000 euros en concepto de sueldos atrasados e indemnizaciones a los tres trabajadores a los que tuvo más de un año al margen.

 

 

'PAPELES' DE SALAMANCA

 

Un caso que revela presunta financiación irregular de las campañas electorales. En concreto, de la de 1999. Su protagonista es Fernando Rodríguez, teniente de alcalde y pieza clave del PP durante las últimas décadas en Salamanca. Rodríguez organizaba ya por entonces las campañas electorales populares en Salamanca. Los 'papeles' son unos documentos en los que, a mano, aparecen anotaciones con cantidades en 'a' y en 'b' aparejadas a nombres de empresas y que suplementaban el presupuesto oficial del PP en aquellas elecciones municipales. La letra era de Rodríguez, según confirmó él mismo al diario 'El País'. Las empresas eran concesionarias habituales de las instituciones salmantinas.