Multa de 77.000 euros al cementerio de Salamanca por el trato de favor a varias funerarias

Tanatorio San Carlos en el cementerio de Salamanca.

La concesionaria que gestiona y explota el nuevo tanatorio y el cementerio aplicó de manera intencionada tarifas más bajas a las funerarias que forman parte de su accionariado.

Cobrar menos a unas funerarias que a otras por los mismos servicios. Esto es lo que, durante un tiempo, ha estado haciendo la mercantil Parque Cementerio de Salamanca, la empresa que explota el cemenerio y el tanatorio San Carlos Borromeo por concesión municipal. Una práctica que va contra sus obligaciones, con la que incumple un mandato judicial y que ha acabado en una multa de 77.755,89 euros por haber estado durante 22 meses dando trato preferente a las funerarias que integran la concesionaria en detrimento de otras.

 

Entre otras cosas, Competencia considera probado que la concesionaria que explota el cementerio y el tanatorio San Carlos Borromeo cobró diferentes cantidades a una serie de funerarias, dos de ellas, Vedosa y Fusanter, accionistas de la propia mercantil. Y que aplicó tarifas diferentes a las aprobadas por el municipio para los servicios funerarios, lo que se consideran actuaciones colusorias contra la competencia en el sector.

 

La multa es el resultado de un expediente abierto por el Tribunal para la Defensa de la Competencia de Castilla y León de la Consejería de Economía y Hacienda, resolución a la que TRIBUNA ha tenido acceso. Cuando en 2001 la mercantil Parque Cementerio de Salamanca, S.L. logra la concesión de construcción y explotación del nuevo tanarorio San Carlos Borromeo y del cementerio, se compromete a prestar los servicios funerarios conforme a unas tarifas municipales. Sin embargo, una empresa del sector denunció que no era así y que las empresas accionistas de la mercantil, Fusanter y Vedosa, incurrían en actuaciones contra la competencia en la gestión de lo que es una concesión municipal.

 

Esa denuncia prosperó y, en febrero de 2015, la mercantil que gestiona el cementerio salmantino se avenía a corregir las actuaciones irregulares y acogerse a una resolución del Tribunal de la Competencia, comprometiéndose entre otras cosas a aplicar las mismas tarifas y servicios a todas las empresas del sector, sin aplicar descuentos o bonificaciones especiales a ninguna empresa del sector.

 

Sin embargo, y tras el análisis de la facturación a varias empresas, se ha comprobado que la empresa Parque Cementerio de Salamanca se estaba saltando su propio compromiso. Entre otras cosas, habría modificado las tarifas que, según la resolución citada por TRIBUNA, derivan en una "no correspondencia entre las tarifas oficiales de precios aprobados por el Ayuntamiento y su efectiva aplicación", así como "la práctica de una política de precios discriminatoria en beneficio de Vedosa y Fusanter cobrando por servicios similares precios distintos".

 

Según las facturas comprobadas, correspondientes a un período de 22 meses entre febrero de 2015 y noviembre de 2016, se estaban cobrando menos a las dos funerarias que gestionan la concesión por el uso de capilla; y en las facturas comprobadas las dueñas de la empresa concesionaria no estaban cargando los conceptos de recepción de cadáver y organización y entrega del cadáver. El Tribuna de la Competencia considera que le mercantil Parque Cementerio de Salamanca incurre en una falta muy grave al saltarse uno de los compromisos que firmó en 2015, el de aplicar las mismas tarifas a todos los usuarios, aplicando tarifas diferentes a las aprobadas por el municipio.

 

Por este motivo, el 16 de marzo de 2018 el Tribunal de la Competencia resolvió el expediente y, tras una fase de recursos y alegaciones, el pasado día 24 de julio de 2018 acordaba que la empresa que gestiona el cementerio de Salamanca se saltó de manera intencionada y durante 22 meses la obligación de aplicar las mismas tarifas a todas las empresas del sector y le imponía una multa de 77.755,89 euros por ello, un 3% del volumen de negocio del año 2016, de más de 2,5 millones de euros. La resolución es firme y no cabe recursom salvo en la vía contencioso-administrativa.