Más de 800 propietarios exigen al Ayuntamiento no pagar la plusvalía tras su anulación judicial
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Más de 800 propietarios exigen al Ayuntamiento no pagar la plusvalía tras su anulación judicial

Oficina del OAGER en la plaza de la Libertad.

El Ayuntamiento de Salamanca ha recibido 808 solicitudes para lograr la devolución de lo pagado o no estar sujeto a la plusvalía. Ha resuelto sólo una pequeña parte, incluídas 45 solicitudes denegadas por decreto de alcaldía.

El Ayuntamiento de Salamanca podría tener un problema serio con el asunto de la plusvalía municipal, el impuesto que lleva más de un año anulado judicialmente y sobre el que el Gobierno no termina de pronunciarse. Una situación que genera inseguridad entre los contribuyentes y entre las propias administraciones que cobran este impuesto, ya que no sólo no se sabe si es correcto cobrarlo o no, sino que abre una importante incógnita sobre las consecuencias de una posible devolución. Una devolución que en Salamanca podría ser masiva.

 

La decisión el pasado mayo del Tribunal Constitucional de anular el impuesto de la plusvalía tal y como está redactado en todos los ayuntamientos va a obligar a la administración a hacer una nueva redacción de este impuesto, que lleva en el aire desde el pasado mes de febrero cuando se anuló en Guipúzcoa y Álava, anulación que luego se amplió a todos los ayuntamientos. Entonces, el consistorio salmantino corrió a anunciar que devolvería lo pagado de más y habilitó unos formularios en su oficina de recaudación. A pesar de los sonoros anuncios, pronto quedó demostrado que no era tan sencillo conseguir una exención o una devolución porque, para ello, tendría que haberse cambiado la norma. Era una promesa engañosa para los miles de salmantinos que podrían estar afectado.

 

Según datos municipales, de momento un total de 808 propietarios se han dirigido al OAGER para informarse sobre la posibilidad de no pagar o que les devuelvan lo pagado por la plusvalía. De ellas, 431 solicitudes fueron de devolución por operaciones pasadas (hasta cuatro años atrás) y otras 278 de no sujección, es decir, para que no se les aplicara el impuesto en operaciones actuales. Es una pequeña parte de las operaciones que se realizan: hasta noviembre se cerraron casi 5.000 compraventas de vivienda en la provincia, la mayoría en la capital. Y según los cálculos de Tinsa, hasta 3.600 propietarios podrían recuperar lo pagado por operaciones de los últimos años.

 

A día de hoy, no es posible saber quién tiene derecho a la exención o a la devolución porque no se ha especificado. Sobre el papel, quienes demuestren, con las escrituras de compraventa, que han vendido su piso por menos de lo que lo compraron en su día podrían lograr la devolución. Sin embargo, y según el propio Ayuntamiento, a día de hoy sólo se han resuelto 25 casos en los que los propietarios han solicitado no estar sujetos al impuesto, es decir, no pagar; se les ha suspendido la deuda en período voluntario y ejecutivo. Además, se han desestimado por decreto de alcaldía otras 45 solicitudes de devolución y/o no sujección. Y hay otras 29 sin tramitar.

 

Además, el consistorio ha seguido recaudando el impuesto con normalidad. Hasta agosto había recaudado 6,2 millones, el 95% de lo que tenía previsto; en ejercicios anteriores el Ayuntamiento de Salamanca ha llegado a ingresar hasta 9 millones de euros por uno de los impuestos más cuantiosos con los que nutre sus ingresos.