Mañueco se escuda en que es aforado para intentar evitar el paso por el juzgado en el caso Aceinsa

La defensa del Ayuntamiento alega que no ha delito penal y que, además, el alcalde es aforado. Ganemos considera que la alegación presentada por el alcalde sólo pretende “evitar los tribunales que le corresponden, que serían los del Juzgado de Instrucción de aquí, de nuestra ciudad”.

Tras admitirse a trámite la querella por prevaricación contra Alfonso Fernández Mañueco, dos concejales y el jefe de la Policía Local, no se ha hecho esperar el primer movimiento del alcalde ante este nuevo frente judicial que se le abre. Y consiste en aprovechar la duplicidad de cargos de la que disfruta para usarla como escudo.

 

Según el auto en el que el juzgado admite la querella por prevaricación por gastar 2,7 millones en un contrato municipal caducado, la defensa jurídica del Ayuntamiento de Salamanca intentó en primer lugar que se archivara el caso alegando que no había indicios de delito penal. Esta primera petición ha sido rechazada por el juzgado, que ha respondido con la admisión a trámite y la apertura de diligencias, es decir, de la investigación para comprobar si los indicios, a los que el juzgado sí da verosimilitud, arrojan algún delito.

 

Pero es que, además, la defensa jurídica municipal, que se ocupa de la representación de los concejales, el jefe policial y el alcalde, saca a relucir una condición concreta de Alfonso Fernández Mañueco: el hecho de ser aforado. Como procurador en las Cortes de Castilla y León, el alcalde salmantino goza también del aforamiento, al menos, hasta que haya un gran acuerdo político que lo elimine. Ciudadanos impuso a comienzos de legislatura la eliminación de este privilegio como condición para dar la presidencia a Herrera, pero de momento no se va a tocar porque C's y PP quieren que el presidente y consejeros del Gobierno regional mantengan esa condición para el futuro, algo que PSOE y Podemos no aceptan.

 

El hecho de citar la condición de aforado parece un 'aviso a navegantes' sobre la posible evolución de este caso. Como aforado, Fernández Mañueco tiene derecho a que le juzgue el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y no un juzgado provincial; en la corte regional el caso se podría alargar en el tiempo. El alcalde de Salamanca es, junto con el de León, el único procurador que es, además, alcalde de capital de provincia, una duplicidad que también está en extinción: la próxima legislatura no será posible.

 

El Partido Popular ha hecho sus movimientos para tratar de “beneficiarse” de los posibles “privilegios” que Mañueco pueda tener por su condición de aforado, considera Ganemos. En concreto, “la principal alegación que ha presentado el alcalde ha sido advertir de que es procurador en las Cortes Regionales y, por lo tanto, solicita su aforamiento”, explica Risco.

 

Que el alcalde haga hincapié en su condición de aforado “no es más que la búsqueda de un privilegio, de un trato de favor”, pues de este modo, Mañueco podría “evitar los tribunales que le corresponden, que serían los del Juzgado de Instrucción de aquí, de nuestra ciudad”, tal y como detalla la concejala de Ganemos Virginia Carrera. Como aforado, el procurador del PP sería juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos.

 

“Por eso entendemos que, aunque sea una cuestión legal la que le permite ser aforado por su cargo de procurador, desde el punto de vista político el alcalde está haciendo, de nuevo, es buscar un trato favorable y aprovecharse de un privilegio con el que no cuentan otros alcaldes”, añade la concejala. “Huir” y “no dar la cara” forman parte también, “una vez más” de la estrategia del PP, según agrega Carrera.

 

Y es que “lo que tendría que haber hecho el alcalde es explicar qué es lo que está pasando con el contrato de Aceinsa”, porque “nadie tendría que tener miedo a enfrentarse a un Juzgado de Instrucción”, asevera la concejala. En el caso de que la denuncia del 'caso Aceinsa' diera la razón a Ganemos Salamanca, el delito de prevaricación podría inhabilitar a los implicados durante hasta 9 años para el desempeño de cargos públicos.

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