Mañueco deja en manos del presidente de la Cámara la atracción de empresas catalanas

El presidente de Aesco, Benjamín Crespo, uno de los impulsores de la nueva asociación empresarial, junto a Fernández Mañueco en el balcón de la Plaza Mayor.

El alcalde, que empezó respaldando a Crespo cuando ofreció Salamanca para las empresas que quisieran trasladarse, se desmarca ahora: "Queremos que vengan empresas a Salamanca por otros motivos", ha dicho al tiempo que deja las gestiones en manos del presidente de la Cámara.

La causa de atraer empresas del éxodo catalán hacia Salamanca tiene, al parecer, un seguidor menos. Se trata del propio alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, que entiende que la ciudad y provincia deben atraer empresas "por otros motivos" que no sean la escapada de aquellos que temen los efectos del 'procès'. Una atracción de empresas, grandes o pequeñas, que siempre ha estado en el 'debe' de los dirigentes salmantinos, incapaces de que nuevas iniciativas industriales o empresariales escojan la provincia para desarrollarse.

 

Hace sólo unos días que la Cámara de Comercio de Salamanca, con el respaldo del Ayuntamiento y la Diputación, se puso a disposición de las empresas catalanas que "estén barajando trasladar su sede ante el desafío separatista". De forma coordinada, según un comunicado de la Cámara salmantina, "las tres instituciones apoyarán a las sociedades que quieran trasladarse, ante la inseguridad jurídica y política de la región catalana, para que puedan elegir la ciudad y la provincia salmantina como su sede".

 

El ofrecimiento es de éxito improbable por la trayectoria de la creación de empresas en Salamanca y por el importante déficit que mantiene con todo el país, y también con Cataluña. Quizás por eso, Fernández Mañueco ha rebajado el entusiasmo del presidente cameral que se atribuyó el poder de coordinar las actuaciones para atraer empresas. El alcalde ha explicado este viernes que habían decidido depositar en el presidente cameral esta tarea, porque "puso de manifiesto el interés en hacer las gestiones", pero al tiempo ha asegurado que "queremos que vengan empresas a Salamanca pero por otros motivos".

 

Pero, ¿hay realmente posibilidades de que lleguen empresas de Cataluña para instalarse, por ejemplo, en Salamanca? La respuesta es... que es muy complicado. Para empezar, las cerca de 40 empresas que han anunciado que se marchan ya han elegido destino: ninguna se ha decantado por Castilla y León. La mayoría trasladan sede social, y en un futuro la sede fiscal, a Madrid, Valencia y Baleares. Se trata de tres de las comunidades que lideran la atracción de empresas en España y que cuentan con ventajas importantes como la localización central de la capital, la buena salud económica del Levante o los incentivos fiscales baleares. También hay empresas que se van a Andalucía y Galicia.

 

Frente a ello, Salamanca, Ávila o Zamora tienen un amplio parque de naves de tamaño medio que están sin ocupar y limitaciones competitivas que quienes las ofrecen como destino de inversiones deben ignorar. Nunca han sido provincias con capacidad de atracción empresarial, una de las críticas más ciertas a las instituciones que las gobiernas, y en ellas las grandes industrias son excepción, y las que hay son autóctonas como las de automoción o agroalimentación; pensar que puedan ser objetivo de grandes corporaciones es complicado: sería como obtener un premio de la Lotería. Pero es que, además, las cifras dicen que migrar con una empresa a Castilla y León no es la tendencia.

 

 

DÉFICIT EMPRESARIAL

 

En España, más de 4.000 empresas se movieron de comunidad autónoma. Las comunidades con más movimiento son Madrid, Cataluña, Andalucía y Valencia, pero no todas logran saldos positivos. Así, Madrid (+424), Andalucía (+131) y, en menor medida, Baleares (+74), logran captar más empresas de las que deciden marcharse. Por contra, Castilla y León es una de las comunidades más deficitarias en el saldo migratorio empresarial. El año pasado el saldo migratorio fue de 47 empresas menos, la cuarta comunidad que peor se defiende en esta cuestión. Y desde 2013 el saldo ha sido de -120 empresas. Pero, además de perder empresas, el balance de lo que facturan también es negativo.

 

La migración de empresas le costó el año pasado a Castilla y León 141 millones de euros. Es la diferencia entre lo que facturan las firmas que se van de Castilla y León y las que deciden instalarse aquí. El problema es que las que se van no sólo son más, sino que también tienen una facturación más grande. En total, las que se marchan suman 280 millones de euros de cifra de negocio, por los 139 de las que se instalan nuevas en nuestro territorio. Cambiamos empresas de 1,1 millones de euros de facturación por otras más pequeñas, de 700.000 euros de media.

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