'Malotas', la piedra en la que ya tropezaron PP y Pedro Díaz

Pedro Díaz, entrando en el juzgado.

El denominado 'caso Malotas', que estalló en 2013, es el antecedente más claro de las relacciones entre el PP del Ayuntamiento de Salamanca y Pedro Díaz. El escándalo del polígono privado en el que el consistorio iba a gastar 3,5 millones de euros chocó contra el rechazo del empresariado.

La importante deuda que dos empresas controladas por Pedro Díaz, presidente de la empresa editora de La Gaceta, mantiene con MercaSalamanca y el hecho de que el Ayuntamiento, que tiene el 51% de la sociedad que gestiona el 'merca' de mayoristas, no haya hecho nada para reclamarle el pago devuelven a la actualidad las confluencias entre el PP en el consistorio y el conocido empresario. El caso ha saltado al conocerse que catorce empresa deben más de un millón de euros a MercaSalamanca; 500.000 euros corresponden con empresas de Díaz. El antecedente más claro de esta habitualidad entre PP y Díaz, aunque no el único, es el denominado 'caso Malotas', por el que el Ayuntamiento estuvo a punto de invertir 3,5 millones de euros en un polígono industrial privado en el que Díaz tenía claros intereses.

 

El denominado caso 'Malotas' estalló en mayo de 2013 cuando se aprueba una inversión de 3,5 millones de euros para poner en marcha el parque industrial que Fernández Mañueco incluyó en su programa electoral de las municipales de 2011. Sin embargo, el nuevo polígono, que recibe ese nombre por el sector en el que se asienta, es una iniciativa privada, estaba en aquel momento parado por falta de demanda de suelo industrial y detrás de la iniciativa estaban, entre otros, empresas del presidente de La Gaceta Regional, Pedro Díaz, o de un investigado en el caso 'Malaya', dueños de varias de las parcelas en que se divide el terreno del proyectado polígono.

 

A pesar de ello, el Ayuntamiento de Salamanca dio todos los pasos previos para poder llevarlo a cabo, entre ellas, cambios en los estatutos del patronato municipal de la vivienda para que pudiera acometer la ejecución de polígonos industriales y la reserva de una importante partida económica de este patronato, destinado a la promoción de vivienda de protección oficial, para el proyecto.

 

Sin embargo, la denuncia pública hecha por las directivas que tenían entonces Confaes y la Cámara de Comercio impidió que fraguara la pretensión del Ayuntamiento de gastar millones en un polígono que sólo beneficiaba a propietarios privados, con un 40% del suelo y naves industriales vacías. Díaz llevó al juzgado las circulares informativas que difundieron Confaes y Cámara, alegando que se atentaba contra su honorabilidad, pero la justicia dió la razón a las dos instituciones empresariales que no hicieron otra cosa que informar en aras del interés general sobre un proyecto que iba a costar millones para beneficiar intereses particulares.

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