Los sindicatos piden la destitución de Ángel Yuste y se manifiestan en Topas al margen de las fiestas de la Merced

La Plataforma por la defensa de unas condiciones dignas para el personal penitenciario está formada por la Organizaciones Sindicales de APFP, CCOO, CSIF y UGT, con el apoyo de FPU.

La Plataforma por la defensa de unas condiciones dignas para el personal penitenciario, formada por la Organizaciones Sindicales de APFP, CC.OO., CSIF y UGT, con el apoyo de FPU, que representan a la mayoría del colectivo en el ámbito de Instituciones Penitenciarias, anunció días atrás su intención de no asistir a los actos de celebración de la festividad de la Merced, ya que "no encuentra motivos para participar en la celebración debido a la situación en la que se encuentran en estos momentos los trabajadores de Instituciones Penitenciarias, y ante la nula gestión del máximo responsable de nuestra Institución", dicen.

 

Por todo ello, la Plataforma Sindical pide a través de un comunicado "la destitución del máximo responsable de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste Castillejo" y se concentró en el acceso al Centro Penitenciario de Topas en la mañana de este 22 de septiembre "como repulsa a la situación en la que se encuentra actualmente el colectivo y la desidia de la Administración".

 

Las razones que les impiden celebrar su festividad han sido, según sus propias palabras expresadas en una nota de prensa conjunta:

 

- El proceso de privatización abierto en Instituciones Penitenciarias.

 

- La falta de personal que sufre la Institución en general, con cerca de 3.000 plazas vacantes a nivel nacional, unido al grave problema de envejecimiento de las plantillas y la no apertura de nuevos centros ya terminados. En el caso del Centro Penitenciario de Topas, el problema es especialmente grave al tener la plantilla de mayor media de edad de toda España, con un déficit acumulado en los últimos 4 años de más de 100 vacantes sobre la relación de puestos de trabajo, tiempo en el que no se han producido incorporaciones al no haber habido concursos de traslados como consecuencia de las inexistentes o reducidas ofertas de empleo público. En algunos casos como por ejemplo los médicos, hay menos de la mitad de la plantilla que correspondería, hasta el punto que en época de vacaciones no pueden ni realizarse guardias de presencia física, con el riesgo que eso comporta ante una urgencia, ya que deben desplazarse desde Zamora o Salamanca. En este periodo se han jubilado más de 70 efectivos de todas las áreas, aunque la falta de personal es especialmente alarmante en el Área de Vigilancia, donde a las jubilaciones y bajas por enfermedad, tenemos que añadir que actualmente hay 67 funcionarios que han pasado a la segunda actividad al cumplir los 57 años de edad y más de 25 de servicio. Estas cifras no hacen más que empeorar permanentemente, sin que se atisbe ninguna intención de solucionarlo por parte de los responsables de la Secretaría General de II.PP.

 

- La nefasta gestión y oscurantismo de los concursos de traslados.  La elevada siniestralidad laboral que padece el colectivo.

 

- La carencia de medios, procedimientos y formación existente en la Institución.

 

- El maltrato al personal de prácticas: tienen el periodo de formación más largo de toda la Administración, que no responde a ningún motivo que lo justifique excepto el desastre de gestión de recursos humanos que padecemos. Sirva como ejemplo que actualmente hay simultáneamente tres promociones de prácticas, y que la del 2014 va camino de los tres años en prácticas, con lo que eso comporta de desigualdad salarial, imposibilidad de concursar, de promocionar, etc., en definitiva de poder organizar su vida.

 

- La ausencia de una auténtica negociación colectiva que sustituya a la imposición.

 

- La pérdida salarial de todos estos años que acumulada supone más de un 20%, los descuentos retributivos en los casos de incapacidad temporal y la existencia de una grave discriminación retributiva con otros colectivos del Ministerio del Interior.

 

- Los recortes en el presupuesto destinado a Acción Social y Formación.

 

- La pasividad de los responsables de la Institución en la defensa de la dignidad, la imagen y la profesionalidad de todo el colectivo penitenciario, así como la persecución que sufre el personal penitenciario por parte de la Inspección Penitenciaria.

 

- La incapacidad de nuestro Secretario General de Instituciones Penitenciarias para resolver los problemas de la Institución, y la falta de respuesta del Ministro del Interior.