Los senadores no podrán aceptar regalos de más de 150 euros bajo amenaza de multa

Senado

El Senado propone aprobar un código de conducta para ganar en transparencia, especificando los datos de bienes que deben publicar los senadores o sus actividades privadas.

El grupo de trabajo creado en el Senado para estudiar lo recomendado en el informe de evaluación del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) propone modificar el reglamento de la cámara en lo relativo a la declaración de actividades y de bienes patrimoniales y rentas de los senadores, aprobar un Código de Conducta de los Senadores, y crear una norma de registro de los grupos de interés que operan en la cámara.

 

Según ha explicado en rueda de prensa el vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, el documento elaborado será trasladado a los diferentes grupos para que puedan analizar las propuestas y sugerencias. Las modificaciones, de llevarse a cabo, tocarían desde la ley electoral hasta el reglamento de la cámara, pasando por el código ético. Además, estas propuestas se trasladarán también a la nueva cámara que surja de las elecciones generales para que lleven a cabo las iniciativas que consideren.

 

Sobre la propuesta de reforma de la ley electoral, atañe a las incompatibilidades en las que los senadores puedan incurrir al realizar determinadas actividades privadas. Además, hace referencia a que esa declaración de actividades debe ser de carácter público, y a que el reglamento de la cámara determinará los órganos competentes para la instrucción y resolución de los procedimientos relativos a las diferentes declaraciones.

 

Ahondando en esa declaración de bienes, el documento propone reformar el reglamento del Senado para que justo después de constituir la cámara tras unas elecciones, se constituya también la Comisión del Estatuto de los Senadores, órgano encargado de examinar posibles incompatibilidades.

 

Esa comisión, añaden en la propuesta, sería la encargada de abrir procedimientos por infracción. En este sentido, habrá infracciones leves (por ejemplo retrasar más de dos meses la presentación de la declaración de bienes u omisiones involuntarias), e infracciones graves (falsedad de datos, omisión dolosa) que pueden conllevar multas equivalentes a un mínimo de diez días y a un máximo de seis meses de la asignación del senador.

 

Entre las recomendaciones de modificación, el informe recoge también las relacionadas con la Mesa del Senado, a quien correspondería, en caso de que entrara en vigor la propuesta, resolver sobre las sanciones que lleguen desde la Comisión del Estatuto de los Senadores.

 

 

Código ético de conducta

 

El grupo de trabajo propone además un 'Código de Conducta de los Senadores y Senadoras' en el que se menciona cómo deben actuar en relación a los conflictos de intereses, obsequios e invitaciones, viajes o sobre la publicidad de la agenda institucional.

 

En este punto, destacan que los senadores no aceptarán regalos de valor, favores, servicios o invitaciones que les sean ofrecidos por razón de su cargo. El documento entiende por regalo de valor el que supere un valor estimado superior a los 150 euros. En caso de recibirlos cuando actúe en representación de la cámara, debe entregarlos a la secretaría general de la misma. Además, recoge que los datos biográficos de los senadores que aparezcan en la página web del Senado deben ser exactos.

 

El incumplimiento de este código conlleva también sanciones que van desde leves (que se resuelven con apercibimiento) hasta graves que acarrean sanciones de entre 600 y 3.000 euros. Una infracción grave sería por ejemplo aceptar un regalo que valga más de 750 euros.

 

También se insta a generar una norma reguladora del registro de grupos de interés del Senado en la que se vele por la ética y la transparencia. En este sentido, se crearía un registro público en el que se deben inscribir esos grupos de interés, y se daría publicidad de los contactos de senadores con esos grupos. La norma define además que un grupo de interés es la persona física o jurídica que por cuenta propia o ajena actúa en defensa de intereses propios o de terceros con el objetivo de influir de manera directa o indirecta en los procesos de toma de decisiones del Senado.