Los juzgados eliminan la prohibición de grabar los plenos de Candelario

La prohibición comenzó en 2007 y no permitía a los medios grabar ni imagen ni video

Los tribunales han resuelto una sentencia a favor de IU que elimina la prohibición de la alcaldesa de Candelario de prohibir que los plenos del ayuntamiento fueran grabados, tanto imagen como vídeo.

La historia comienza en el año 2007 llega al gobierno la agrupación independiente de candelario y el PP, con el alcalde del grupo independiente. Entonces prohíben que en el pleno se grabe tanto imagen como sonido.

“Esta noticia pasó desapercibida porque los medios como tele o radio no solían ir a los plenos, entonces la medida tenía varios destinatarios en concreto: varios medios digitales pero con carácter de ciudadano” comenta Gorka Esparza, coordinador de IU.

Desde 2007 hasta el 2011 los medios estuvieron solicitando permiso y este fue denegado. En el 2011, hubo un cambio. El gobierno seguía siendo el mismo pero el alcalde pasó a pertenecer al PP. “Pensábamos que con un partido como él esto cambiaría, pero no fue así” asegura Gorka. El portavoz de IU al ver que no se daba marcha atrás presentó un recurso. “La alcaldesa en vez de resolverlo, solicitó un informe técnico al servicio jurídico de la diputación provincial. Este informe dice contundentemente que era ilegal, que solo se puede hacer cuando el pleno sea de carácter secreto, pero eso nunca se ha hecho”.

“Entendemos que si hay problema de espacio porque son muchos medios la entrada ya está restringida a unas credenciales, pero prohibir por prohibir es intolerable” confiesa Gorka Esparza. Sin embargo, la razón daba la alcaldesa es que prohibía la entrada para evitar que las imágenes se utilizaran como mofa.

“La alcaldesa no hizo caso al informe y continuó con la prohibición y no contestó al recurso que pusimos, entonces decidimos ir al juzgado” comenta Gorka. Cuando se hizo público ese anuncio, la alcaldesa anunció que prohíbe a todos los medios grabar pero a cambio contrata a una empresa para que tome las imágenes y las reproduzca en la web.

“También llevamos al juzgado eso, porque la empresa fue escogida sin concurso, sino a dedo, y saca lo que la alcaldesa quiere y cuando quiere, por lo que no hay criterio periodístico”.

Según la alcaldesa, el que no es periodista profesional no tiene libertad de información. “No estamos en una cuestión de intrusismo laboral, eso es otra cosa, dado que la libertad de expresión y de información no es exclusiva de los medios, sino es algo que tiene derecho todo el mundo”.

Así, la sentencia manifestó la libertad de información, además de que hay que permitir la difusión a todo el mundo salvo por cuestiones como de espacio. Por ello, la sentencia condena al ayuntamiento a asumir los costes de estos

“Estos costes, entre abogados y procuradores, ascenderán a casi 6000 euros, un dinero que se pudo haber evitado si la alcaldesa hubiera hecho caso al informe de la diputación. Encima es algo que va a tener que pagar el contribuyente y es lo que nos fastidia, pero teníamos que luchar por nuestros derechos e ir al juzgado y la responsabilidad ha sido de la alcaldesa, que es una irresponsable como gestora”.