Los ganaderos de Salamanca reciben 7.460 euros por los daños del lobo al ganado

La Junta de castilla y León ha hecho públicos los pagos compensatorios por ataques del lobo al ganado. En la provincia hubo 18 expedientes con 35 cabezas muertas.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, adquirió el compromiso, en las numerosas reuniones mantenidas con ganaderos, alcaldes y representantes de las Organizaciones Agrarias, de que la Junta de Castilla y León suscribiría un seguro de pago compensatorio por los daños producidos por el lobo al ganado de las explotaciones situadas al sur del Duero, tanto por el daño real como por el lucro cesante. 

 

Este seguro entró en vigor el pasado 1 de junio y, desde entonces, se ha efectuado el pago compensatorio derivado de los daños producidos por el lobo en las explotaciones ganaderas de 172 expedientes que ascienden a un importe de 94.962,50 euros correspondientes a 442 cabezas de ganado, la mayoría -326- ovino.

 

La provincia de Ávila es la que más expedientes ha tramitado con 77 y 90 cabezas muertas, lo que supone 33.727,50 euros; en Salamanca, 18 expedientes con 35 cabezas muertas y un importe de 7.460 euros; Segovia es la provincia con más reses muertas, un total de 172 cabezas, con 55 expedientes pagados por valor de 33.075 euros; y en Zamora 22 expedientes con 145 cabezas de ganado muertas por un importe que asciende a 20.700 euros. 

 

Desde la puesta en marcha del nuevo seguro suscrito a cargo de la Junta de Castilla y León, los ganaderos están recibiendo los pagos compensatorios en un plazo medio de 15 días frente a los once o doce meses que se demoraba anteriormente. 

 

Con esta medida, Suárez-Quiñones ha querido atender las peticiones de los afectados por los ataques de lobo, ya que el principal objetivo del Plan de Conservación y Gestión del Lobo se centra en lograr la compatibilización del lobo con la ganadería extensiva, impuesta por la Directiva Europea Hábitats 92/43/CEE al sur del Duero.

 

Además esta medida de compensación de daños irá acompañada de otras que permitan reducir los ataques reiterados a determinadas explotaciones, como es el asesoramiento para establecer medidas preventivas, la búsqueda de líneas para su financiación, cerramientos voluntarios financiados, entrega de perros mastines, y si no hubiera otras soluciones satisfactorias, controlar las poblaciones locales de lobos.

 

El pasado mes de mayo, el Consejo de Gobierno aprobó el Decreto de regulación del Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León. Este Plan considera que todos los lobos de la Comunidad, alrededor de 179 manadas que suponen un 60% de los existentes en España, forman parte de una única población biológica que tiene carácter continuo.

 

Además, clarifica que el río Duero es la línea divisoria que diferencia el estatus jurídico de la especie, cinegética al norte y estrictamente protegida al sur, conforme dispone la Directiva Europea Hábitats 92/43/CEE. Entre los objetivos más destacados del Decreto 14/2016 está la de encontrar cauces para la compatibilidad del lobo con el aprovechamiento ganadero tradicional, con el objetivo de minimizar los efectos negativos que la especie pueda originar sobre el ganado, y minimizando por tanto los daños, y de producirse, articulando medidas de compensación de los mismos a la ganadería extensiva que resulten más ágiles y eficaces. 

 

En la Orden publicada en Bocyl el pasado 30 de mayo se establecía también el sencillo procedimiento para que, en el caso de que se produjese la muerte del ganado por un ataque de lobo al sur del Duero, el ganadero comunique la incidencia en menos de 48 horas desde el ataque. Una vez recibida esta comunicación por la Administración autonómica de forma telefónica, los funcionarios de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente especialmente agentes medioambientales, acudirán a comprobar los hechos para redactar un informe sobre el ataque. Una vez recibida la solicitud escrita del ganadero, y en función del informe anterior, la Junta trasladará a la aseguradora la orden del pago estipulado para el ganadero, tanto el daño real como el lucro cesante.