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Salamanca

Los empresarios logran del Gobierno una subida del 5% en los contratos públicos para paliar el incremento del SMI

El Gobierno se ha comprometido a revisar las condiciones de los contratos de la administración y compensar la subida del SMI para no cargar costes en las empresas y evitar rupturas de contratos.

Publicado el 27.01.2020

La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) acordada entre el Gobierno y los agentes sociales será efectiva dentro de unos días, cuando se apruebe en el Consejo de Ministros, y permite al Ejecutivo sacar adelante una de sus promesas más inmediatas en un paquete casi simultáneo con la revalorización de las pensiones y de los sueldos de los funcionarios. Elevar el SMI hasta los 950 euros tiene un efecto directo en los costes salariales de las empresas, pese a lo cual la patronal CEOE ha aceptado hacerlo; ha pesado el hecho de que se haya pactado en una mesa de diálogo, y no por decreto como hace un año, pero también la contraprestación que los empresarios han arrancado al Gobierno.



 



Según el presidente de Cecale, Santiago Aparicio, a cambio de la subida del SMI el Gobierno se ha comprometido a efectuar una revisión de todos los contratos que tiene la administración para que los importes se retoquen y tengan una subida equivalente a ese 5% de los salarios para evitar que las empresas tengan una pérdida en esos contratos con el sector público. "Esa ha sido la promesa del Gobierno, que se van a retocar todos los contratos", ha dicho Aparicio.



 



La revisión permitirá que las empresas no tengan que descontar de su margen de beneficio el coste extra de pagar un SMI más alto, uno de los principales motivos por los que las patronales autonómicas y provinciales se habían mostrado contrarias a una nueva revalorización del salario mínimo. El aumento del SMI, que hace poco más de un año estaba en 735 euros y ahora llegará a 950, y la elevación en la misma medida de las bases mínimas de cotización a la Seguridad Social preocupan a muchas patronales territoriales, especialmente en las provincias de interior o más pequeñas.



 



El incremento de costes para las empresas contratistas de la administración podía ser una complicación, por la dificultad de las concesionarias para prestar servicios o hacer obras contratadas en las mismas condiciones, pero también por una cierta inseguridad jurídica. Los contratos con la administración establecen también el marco laboral que rige las relacciones entre la empresa y sus empleados, y cambiar los términos 'en mitad del partido' podría ser un problema a la hora de resolver contratos.


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