Los consumidores de Castilla y León pagarán una abultada factura extra para compensar a las eléctricas

Torres de luz

El Gobierno prepara un decreto para recaudar en las facturas 110 millones de euros y compensar a las eléctricas por los impuestos autonómicos. Los consumidores de Castilla y León, entre los más afectados.

El Gobierno, a través del flamante Ministerio de Transición Ecológica, está preparando un decreto amargo para los consumidores. En concreto, se trata de una subida extra del recibo con un coste adicional para pagar 110 millones de euros entre todos los abonados al suministro eléctrico, pero que pagarán de manera diferente según la Comunidad Autónoma. En el caso de los de Castilla y León, estarán entre los más afectados de España.

 

Según información publicada por el periódico digital 'El Confidencial', el departamento de energía maneja ya un borrador para recaudar entre los consumidores los 110 millones extra que hay que abonar a las eléctricas. Se trata de una retarificación de las facturas de 2013 para devolver a las empresas del sector el coste de los impuestos que muchas autonomías impusieron a partir de 2012, en pleno inicio de la crisis, para aumentar la recaudación grabando la actividad del sector. Se cobraron tasas a parques eólicos, centrales hidroeléctricas o tendidos.

 

El Gobierno ha hecho un cálculo para repartir esos 110 millones entre los consumidores. Partiendo de un consumidor medio, con una factura anual de 600 euros en suministro eléctrico, se ha calculado que un abonado de Castilla y León tendrá que pagar casi 14 euros más al año; y un abonado gallego pagará más de 15 euros extra. Son las dos comunidades más afectadas y, entre ambas, pagarán 70 de los 110 millones extra que hay que recaudar.

 

A partir de 2012, muchas comunidades pusieron en marcha nuevos impuestos a las eléctricas para aumentar los igresos autonómicos. Y en 2013 empezaron a cobrarlos. En el caso de Castilla y León, la Junta ha recaudado más de 330 millones de euros desde entonces con tasas a las eléctricas por la producción eólica e hidroeléctrica y por los tendidos eléctricos alegando afección al medio natural. Esto ha afectado a las eléctricas, propietarias de numerosos parques eólicos y de los grandes embalses de generación eléctrica.

 

Las eléctricas recurrieron y el Supremo les ha ido dando la razón, sentenciando que estos impuestos debían compensarse en la parte de la factura destinada a los conocidos como peajes eléctricos: es decir, que la tenían que pagar los consumidores. El resutlado es que se acaba cargando a los abonados el importe de los impuestos autonómicos. El pasado 2017 ya se hizo una refacturación para algunas comunidades, y ahora es necesario hacer esta.


Esta refacturación se suma a otras aprobadas por el Gobierno en los últimos años para cumplir resoluciones del Supremo, entre ellas la que obligó a subir un 7% el recibo en 2012 por la insuficiencia de los peajes o la aprobada en vísperas de esta Navidad, en la que se revisa el margen de comercialización de las comercializadoras de referencia, cuyo coste apenas supondrá un encarecimiento del 0,04.