Los cerramientos ilegales de Salamanca, ¿camino de una amnistía?

El Ayuntamiento busca fórmulas para afrontar el problema de los cerramientos, una práctica generalizada

El Ayuntamiento de Salamanca busca en la actualidad fórmulas para afrontar el problema de los cerramientos, una práctica generalizada en la ciudad y que, como se ha demostrado, es casi imposible de atajar. La última evidencia es el resultado de la última oleada de denuncias por parte de un vecino que ha sido sancionado con una multa récord de 18.200 euros. Tras recibir su gigantesca multa, decidió denunciar un millar de cerramientos como el suyo que, no obstante, no habían sido multados. El resultado: al menos 1.014 de los 1.077 expedientes abiertos en la actualidad los que están caducados

 

La realidad es que esta es la situación de muchos de los cerramientos que hay, instalados años atrás y que son infracciones ya prescritas porque se hicieron antes de que cambiara la ley, en 2014, cuando este tipo de infracciones caducaban a los 4 años. Es previsible que ocurra lo mismo con los que denunció otro afectado, un particular que ha visto cómo el consistorio le multaba con 5.000 euros mientras se toleran miles de casos que no son investigados ni sancionados por los servicios municipales. Vista la situación, denunció 1.300 en la misma situación.

 

La práctica de cerrar balcones, terrazas y áticos está muy asentada en Salamanca, y ni siquiera las advertencias sobre su ilegalidad pueden con ella. La actuación está catalogada como reforma y es necesaria una licencia de obra menor que nadie pide, en parte, porque declarar la obra supone pagar un 2%. Pero el punto fundamental es que si el proyecto incluye el cerramiento de una terraza o balcón, no se autoriza: por eso muchos proyectos lo obvian.

 

Las autoridades son conscientes de que los cerramientos, todos, son ilegales. Pero han proliferado por el clima adverso que se sufre muchos meses en la ciudad y por la costumbre. Se ha considerado normal ganarle unos metros y añadir practicidad a una vivienda, sin tener en cuenta la legalidad urbanística. Y tienen a su favor la prescripción de las infracciones. Un cerramiento afecta al cálculo del aprovechamiento que se hace del suelo, a la cantidad de IBI que se paga y, en última instancia, a la calificación energética de una vivienda, variaciones sustanciales.

 

Una salida podría ser una 'amnistía'. Habida cuenta de que la inmesa mayoría de los casos denunciados están prescritos, se podría optar por una nueva normativa que permitiera regularizar su situación como se hace con las amnistías fiscales. Se abriría un plazo y un sistema para que los propietarios declararan estas obras, y durante un período se les habilitaría para legalizarlos; el pago de las correspondientes licencias y tasas y el recálculo del IBI rematarían el asunto.

 

 

El 'caso Borrego'

 

Estas son las variables que entran en juego en la solución que se está buscando. Una comisión especial creada a raíz de los últimos acontecimientos. Se fijará en las regulaciones de otros municipios. Pero el Ayuntamiento deberá empezar por un precedente sentado muy recientemente: el ático de Manuel Borrego.

 

El escándalo del cerramiento ilegal del que fuera jefe de Fomento de la Diputación, implicado en el caso de los contratos irregulares, lo zanjó el equipo de Gobierno con una decisión que afectará a todos los demás casos. Una resolución confirmó que ese cerramiento era ilegal y se hizo sin licencia, pero sigue en pie porque la infracción estaba prescrita. Además, ahora el expediente abierto también está caducado. Para ello sentó un precedente: los plazos de prescripción.

 

Según la normativa, el plazo empieza a contar desde que se conoce la infracción o, si no es posible determinar la fecha, desde que la inspección detecta los hechos. El Ayuntamiento estima que el plazo empieza a contar no desde que se conoce la infracción, el día 4 de diciembre de 2014, ni desde que se hace la inspección, unos días depués; sino que da total validez a unas pruebas fotográficas obtenidas con fotografía aérea y empieza a contar desde septiembre de 2006. La conclusión, el cerramiento del ático de Borrego no tiene licencia, es ilegal e incumple la normativa, pero no se puede sancionar porque han pasado cuatro años desde una fecha aproximada de su construcción, cuando la infracción se cometió unos meses atrás.

 

La clave fue la ley que se aplicaba. El cerramiento es una falta muy grave contra la última redacción de la ley urbanística, que data de 2014; ese tipo de infracciones no prescriben hasta pasados los diez años. Pero se le aplican los plazos anteriores a la última versión de la Ley: 4 años para las infracciones muy graves. Así que los cerramientos que puedan acreditar que se hicieron antes, ya serían infracciones prescritas.