Los archiveros de Castilla y León denuncian la destrucción ilegal de documentos en la Diputación de Salamanca

La máquina para destruir documentos que ha usado la Diputación.

La asociación regional ha pedido a la Junta que actúe ante la reconocida destrucción de documentos de los contratos que están bajo sospecha en la Diputación. Pide sanciones porque la institución está obligada a conservar todos los expedientes y no tiene autorización para destruir nada.

La Asociación de Archiveros de Castilla y León (Acal) ha denunciado en los últimos días que la Diputación de Salamanca habría podido incurrir en un delito al destruir documentos relacionados con la adjudicación de algunas de las obras que están bajo sospecha por haber sido adjudicadas de manera irregular. La denuncia de esta asociación hace hincapié en el hecho de que destruir documentos públicos no solo no está permitido por la ley, sino que la institución que preside Javier Iglesias estaría llevando a cabo el espurgo de documentos sin permiso alguno.

 

El escándalo de la presunta adjudicación irregular durante años de decenas de obras en la Diputación y con los que cinco empresas se habrían beneficiado de contratos por 12 millones de euros vino acompañado en su día por un hecho insólito, que empezó como un rumor y que se acabó confirmando: que la propia Diputación destruyó documentación de algunos de los expedientes afectados coincidiendo con la salida a la luz de la información. Así quedó de manifiesto en una comisión celebrada a mediados de diciembre en la que el equipo de Gobierno de la Diputación admitió que determinada documentación ha acabado esos días en la trituradora de papel del vestíbulo del edificio de La Salina. Y que se trataba de expedientes con los datos de las ofertas hechas por empresas para concursar en la adjudicación de contratos. Según el equipo de Gobierno, se trata de una práctica rutinaria.

 

Es ante esta situación que la asociación de archiveros ha decidido actuar. Según ha confirmado el presidente de dicha asociación, Luis Hernández Olivera, Acal ha hecho llegar un texto de denuncia a la consejería de Cultura, que es la que tiene la competencia en la gestión de archivos y documentos oficiales, ya que los hechos conocidos pueden ser constitutivos de infracción administrativa y, en último caso, penal.

 

Según recuerda el presidente de Acal, la destrucción de documentos relacionados con el presunto caso de corrupción es un hecho contrastado y en el que no hay propósito de enmienda por parte de la Diputación, que no solo reconoce que lo hace, sino que admite que es una práctica habitual y con la que continuará. Los archiveros apuntan que la Diputación no puede escudarse en el hecho de que se destruyen documentos relativos a las ofertas de las empresas que no resultaron adjudicatarias, ya que esa información no es de una empresa privada, sino de una oferta pública; y sin los datos completos de todas las empresas que concurrieron, es imposible saber si una adjudicación fue correcta.

 

Además, desde Acal recuerdan que para poder destruir documentación pública debe existir una autorización de la consejería de Cultura, que debe publicarla en el Boletín Oficial de Castilla y León. Y que, por contra, no consta ni una sola propuesta de la Diputación de Salamanca solicitando permiso para la destrucción de documentación pública, algo de lo que tendrían constancia tanto la consejería como la asociación.