Listo para veredicto el juicio al alto funcionario juzgado por gastar 6.000 euros públicos en cañas y cenas
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Listo para veredicto el juicio al alto funcionario juzgado por gastar 6.000 euros públicos en cañas y cenas

El alto funcionario, en el banquillo de los acusados. Foto: A. Santana

Las partes esperan la entrega por parte del juez del objeto del veredicto, sobre el que el jurado popular tendrá que dictaminar.

El jucio al que fuera jefe de Fomento de la Diputación de Salamanca por malversación de caudales públicos está listo para veredicto. Tras la jornada de este jueves, han finalizado las declaraciones y exposiciones de testigos y ha llegado el momento de que hable el jurado popular que juzga el caso, en el que se acusa a un alto funcionario de haber gastado más de 6.000 euros de fondos públicos en el pago de cañas y cenas fuera de su horario.

 

Las declaraciones terminaron el jueves por la mañana y durante la tarde las partes esperan que se produzca el último trámite antes de conocer la decisión del jurado. El juez tiene que entregar a las partes el objeto del veredicto, es decir, el documento sobre el que los miembros del jurado se tendrán que pronunciar. Podría hacérselo llegar en las próximas horas.

 

El juicio arrancó el martes, 1 de diciembre, con la formación del jurado y las primeras declaraciones, entre ellas, las del propio acusado, que aseguró que nunca destinó fondos públicos a pagar gastos personales y que los tickets que pasó eran en relación con su actividad; también pasaron por la sala el vicepresidente de la Diputación que dio de paso los gastos y el interventor que puso reparos en su día a los pagos.

 

Según ha podido saber TRIBUNA, la acusación particular, que ejerce el PSOE de Salamanca, solicita seis años de prisión y doce de inhabilitación por delito continuado de malversación de caudales públicos, petición que sustenta en que fue una situación mantenida en el tiempo: se produjo al menos durante cuatro años. El ministerio fiscal no ha presentado petición de pena y la Diputación de Salamanca no está personada en el procedimiento.

 

El asunto de fondo se refiere al uso de una partida de la institución provincial para atender gastos que se demostró eran de carácter particular. Entre ellos, el acusado cargó durante años tickets de comidas, cenas, cañas, viajes, recargas del bus urbano o consumiciones hechas fuera de sus atribuciones y que presentó para que le fueran abonados, cosa que logró en varias ocasiones.

 

El acusado es Manuel Borrego y los hechos datan de cuando era jefe del área de Fomento en la Diputación de Salamanca. En el año 2015, una investigación de TRIBUNA de Salamanca permitió desvelar que el citado alto funcionario había pasado miles de euros en restaurantes y bares para que le fueran abonados como gastos de protocolo o representación, cuando se habían hecho al margen de sus atribuciones y funciones. Los hechos son una parte de la denominada 'trama Diputación', el caso de presuntos tratos de favor a determinadas empresas promotoras y constructoras beneficiadas con contratos por valor de 12 millones de euros que la propia institución llevó a los tribunales, y que fue archivado.

 

Según la resolución emitida en su día por el juzgado número uno de Salamanca, y que publicó TRIBUNA, el ahora juzgado cargó entre 2007 y 2011 hasta 6.829,69 euros de cenas, comidas, peajes y consumiciones hechas en fin de semana a una partida del área de Fomento, partida denominada anticipos de caja fija, que está considerada como fondos públicos y que está destinada a gastos diversos que no tienen nada que ver con el uso que hizo el alto funcionario, que recibió además entre 2007 y 2012 la cantidad de 14.572,92 euros para dietas y locomoción, concepto que ya tenía cubierto por tanto.

 

En la investigación afloraron numerosas facturas abonadas con cargo a estos fondos que corresponden con cenas y comidas fechadas en viernes por la tarde y noche, sábados y domingos y que, por lo tanto, no pueden considerarse parte de su trabajo sino personales; y tampoco gastos de representación, ya que con los anticipos de caja fja no se pueden pagar este tipo de facturas.  Por todo ello, Manuel Borrego, ahora responsable de otro área en la Diputación, va a ser juzgado por un delito de malversación de caudales públicos y será un jurado popular quien determine si es culpable; la normativa manda que los casos de malversación son competencia de un tribunal jurado. 

 

Se expone a penas de prisión de tres a seis años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a diez años, por lo que podría entrar en la cárcel. Si el tribunal considera que el caso reviste especial gravedad (y puede serlo al tratarse de un alto funcionario) se impondrá la pena de prisión de cuatro a ocho años y la de inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años. En caso de probarse una sustracción inferior a 4.000 euros, recibiría multa, cárcel de 6 meses a tres años y tres años de inhabilitación. En este caso, las peticiones de la acusación particular variarían.

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